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Piden la pena máxima para los tres acusados.

El fiscal Eduardo d'Empaire y el representante legal de las familias de María Victoria y Horacio, reclamaron la pena de reclusión perpetua para los Gustavo Aguilar, Héctor Fernández y Gustavo Ravainera. Hoy expondrán los abogados defensores.

"No es una condena ejemplar la que estamos solicitando; es una sentencia justa", manifestó ayer, a las 13.32, el fiscal Eduardo d'Empaire, al poner fin a su alegato, de casi una hora y media de duración, que incluyó el pedido de reclusión perpetua para los tres acusados de matar a María Victoria Chiaradía y Héctor Horacio Iglesia Braun.
El fiscal solicitó la pena máxima para Gustavo Javier Ravainera (40), Gustavo Enrique Aguilar (45) y Héctor Hugo Fernández (44), como autores de los delitos de robo agravado por el uso de armas, privación ilegal de la libertad y doble homicidio agravado (artículo 80, inciso 7 del Código Penal) que, a su criterio, se cometió para ocultar la sustracción.
"La muerte fue incidental, no accidental", afirmó D'Empaire.
El doctor Héctor Bertoncello, representante de las familias de las víctimas, adhirió al planteo del fiscal y el Tribunal en lo Criminal Nº 3 pasó a un cuarto intermedio hasta hoy, a las 9.30, cuando se escucharán las exposiciones de los defensores, como paso previo al fallo.
Antes de abordar el eje de la cuestión, referido a la responsabilidad penal de los tres procesados, D'Empaire, que cimentó su planteo en las declaraciones de testigos de identidad reservada, informes periciales y un cúmulo de indicios que calificó de concordantes, realizó una descripción minuciosa de la secuencia fáctica que, según su óptica, precedió a los crímenes.
Dijo haber probado --por medio de testimonios y pericias-- que la pareja estuvo aquella fatídica madrugada en el Bingo y que, con posterioridad, fue abordada por asaltantes que pretendían robar el Chevrolet Corsa que ocupaban, al dirigirse al Camino Parque Sesquicentenario y Zelarrayán, cerca del acceso al barrio Los Chañares, donde entonces vivía Fernández y en proximidades de la estación de servicio de la cual Aguilar era cliente habitual, al punto que hasta tenía una cuenta corriente.
Por esa vía, con salida a la ruta 33, llegaron a Tornquist, donde el coche fue visto y María Victoria llamó por un teléfono público a su casa (a las 5.26), para decir que habían sufrido un desperfecto mecánico en la calle Sarmiento, de nuestra ciudad.
Está probado, además, que Ravainera trabajó y vivió en Tornquist (en ese lugar fue aprehendido con anterioridad y luego condenado por tirotearse con la policía y utilizar a un niño como escudo humano, afirmó D'Empaire) y que el coche, luego, fue trasladado al distrito de Coronel Suárez, "donde debía ser entregado".
En el camino vecinal que lleva al monte de cipreses donde fueron asesinadas las víctimas se vio el vehículo, conjuntamente con un coche rojo, similar al que, un día antes (el 26 de agosto de 2000) había adquirido Aguilar de manera irregular, continuó el representante de la acusación.
También se acreditó, para el fiscal, que Martín Goyeneche (chapista suarense condenado por la instigación al robo del Chevrolet Corsa) "era el destinatario de ese automotor", que luego fue abandonado, "limpiado", en General La Madrid.
Entendió el fiscal que los jóvenes fueron reducidos a punta de pistola, por el resultado fatal del caso, la data de la muerte (el mismo día), la inexistencia de forzaduras en el rodado y la comunicación que realizó María Victoria aquella madrugada desde Tornquist, encontrándose la joven "con la voluntad disminuida o anulada".
"Si sólo se hubiera tratado de una intimidación, a lo mejor hubiera tenido oportunidad de requerir auxilio o huir", opinó, para agregar que, de la misma manera, los hicieron recorrer 150 kilómetros y, finalmente, caminar unos 70 metros hasta el monte donde los mataron.

Sobre los autores
Para el fiscal, "hay certezas" de que los tres sospechosos son los responsables del delito y realizó un análisis individual y colectivo de la supuesta participación.
Sobre Ravainera, explicó que "confluyen numerosas, distintas y concordantes pruebas", citando, entre otras, la declaración de la testigo denominada como "KK" (mujer del delincuente abatido Luis "El Sordo" Schell), a la que calificó de "impactante".
"Todos la pudimos apreciar al mencionar que Schell y Ravainera participaron en el hecho. Confirmó que confrontó con su marido y que Schell le pidió que se callara, que la mataría a ella y sus hijos", y después escuchó el relato en cuanto a que "'El Lagarto' se sacó y los mató".
Agregó que la mujer tildó a su marido y a Ravainera como "levantadores" de autos y que Schell fue ultimado, por la espalda, en un asalto del cual tomó parte Manuel Ortega, "persona que aparece mencionada por los distintos protagonistas de este juicio".
"KK" también sostuvo que Ravainera tenía relación con Goyeneche y que René Span (dueño de un desarmadero suarense) "conocía a su marido y hacía las mismas cosas que él; se refería a la actividad delictual", según el fiscal.
Afirmó D'Empaire que el Corsa se pretendía "ponchar", de la misma manera que otros dos vehículos, que originaron una causa aparte, por la cual Goyeneche fue condenado, junto con dos empleados suyos y Corona.
También tildó de falaz a Ravainera, al señalar que en la primera indagatoria dijo no conocer a Schell y durante el juicio, tras la evidencia presentada, "admitió su relación y parentesco" con el apodado "Sordo".
El fiscal aludió después al testigo "ÑÑ", quien dijo haber escuchado un comentario de "El Lagarto" Ravainera hacia Span, acerca de que "le habían dado el auto en San Eloy 'para que yo y el otro de Bahía nos encarguemos'".
"No puedo dejar de mencionar que el testigo se mantuvo en sus dichos al ser confrontado con el imputado, ratificando su declaración sin ambages", sostuvo.
"ÑÑ", al igual que otros testigos, expresó que Ravainera y Goyeneche se conocían y, de esa manera, le hicieron perder "credibilidad" a los dichos del imputado.
Ese contacto también fue revelado por Silvia Braun y por la testigo "RR", quien dijo haber visto a ambos (Ravainera y Goyeneche) en el Chevrolet sustraído, el domingo en que se produjeron las muertes de los chicos, circulando por la zona rural de General La Madrid, donde después el coche fue abandonado.
"Quiero destacar la seguridad con que se pronunció esta testigo", destacó D'Empaire.

La llamada
También resaltó la llamada realizada a las 4.02 del 27 de agosto de 2000, desde un teléfono público ubicado en Zelarrayán al 3800 (cerca de donde las víctimas fueron interceptadas) al teléfono celular (0291) 155708110, que "aparece vinculado a los imputados", ya que estaba en el galpón de la ruta 35 que alquilaba Aguilar y frecuentaba Ravainera.
El testigo Alfredo Abraham, por su parte, manifestó que ese número fue entregado a Luis Rodríguez, quien vivió en un departamento de Aguilar junto con Ravainera y conformaba parte de la gavilla que supuestamente se dedicaba a cometer estafas.
"Es cierto que no conocemos el contenido de ese llamado y es cierto también que en el VAIC (sistema para el análisis de comunicaciones), ésa fue la única llamada a esa hora... como si Bahía Blanca se hubiera apagado...", mencionó D'Empaire.
Ese celular, además, tuvo contactos, dos días después, con otro número que Aguilar reconoció como propio y también mantuvo una comunicación, el 2 de septiembre de 2000, con una línea que estaba a nombre de la mujer de "El Chino".
Sobre Aguilar y Fernández, aludió a los relatos de los testigos "SS" y "TT", quienes dijeron haber escuchado comentarios incriminatorios de ambos durante un asado, en abril de 2003, a poco de finalizado el juicio contra Goyeneche, Juan Corona y Rubén Martín, por la instigación al robo del Corsa.
Por ese motivo, expresó D'Empaire, la frase "menos mal que estos giles no nos mandaron en cana", de "El Chino" a "El Petiso" Fernández, "tiene sentido".
Sobre la concurrencia de "SS" con ambos sujetos a Bahía San Blas, donde supuestamente estaba enterrada el arma utilizada en el doble crimen, señaló que en una inspección posterior encontraron, bajo tierra, la bolsa y un tambor en el cual habría estado oculta la pistola, aunque la misma no apareció.
"¿Esto es una casualidad? No, es un indicio concordante", dijo D'Empaire.
De la misma manera, citó el hallazgo, al momento del allanamiento, de un arma de fuego en la casa de Aguilar, guardada en una bolsa de nylon.

Más conexiones
También se refirió a la relación que ambos detenidos mantenían con un ex policía de Río Negro, Jorge Pereyra, el mismo que fue encontrado filmando y fotografiando a las madres de las víctimas, en la sede de la fiscalía, cuando Fernández era indagado por primera vez.
Además, mencionó que Span fue condenado en una ocasión por encubrimiento, al tener en su poder una camioneta robada en Caleta Olivia, lugar que frecuentaba Fernández, según mencionaron algunos testigos.
"Aguilar reconoció haber entregado esa camioneta a Span", explicó el fiscal y también recordó que, durante su indagatoria, admitió "El Chino" que viajaba a distintas ciudades y que "por teléfono siempre te encargan un auto".
"No pueden dejar de sorprender los términos utilizados, similar a los condenados por la instigación. Tanto Goyeneche como Corona hablaban del 'encargue' de un auto, pero no se trataba, sin dudas, de una compra, se trataba de otra cosa", dijo.
Por otra parte, hizo mención a escuchas telefónicas en una causa que tramita ante el Juzgado Federal Nº 1 de esta ciudad, donde se advierten operaciones con armas de fuego por parte de Aguilar.
"Muchos viajes con negocios con automotores y en ninguna se habla de compra. Sí de arreglar un motor, de vehículos de 'unas horas de vida', de 'reventar hoy' y de 'dos o tres días de ventaja'", detalló.
En el mismo anexo figuran frases como "siempre se levantan con tarjeta (verde), para poder llegar tranquilos" y también en dicho expediente se confirma el contacto entre él y Fernández.
Además, dejó en claro el fiscal el encono que existía entre Aguilar y el extinto superintendente de la policía bonaerense, Héctor Horacio Iglesia, padre de una de las víctimas, quien lo investigó en la causa que derivó en la condena, a nueve años de reclusión, del detenido, por distintos delitos graves.
"Gustavo Aguilar dijo que Iglesia tenía 'mala calle' desde el 83, merecía que se lo hagan a él y no a los chicos y que había sido picaneado por Iglesia y que le cortó un pedazo de testículo", indicó el acusador, para dejar entrever el posible motivo del ataque al chico y su novia.
Respecto de Fernández, continuó, "podríamos decir que se dedicaba al tráfico ilícito de automotores", que lo confirman "SS" y sus vecinos del barrio Los Chañares.
Como elemento indicativo, valoró los dichos de Graciela Aino, quien dijo que para aquella fecha a Fernández lo frecuentaba Juan Antonio Corona, quien tenía anotado el pedido del Corsa gris, confesado por Goyeneche, para el "ponchado" de un coche similar, siniestrado, que había comprado poco antes el chapista suarense.
A pesar de la negativa de los sospechosos, expresó el fiscal que "los tres se conocían entre sí".
"Aguilar dijo que no sólo conocía a Fernández y a Ravainera, sino que se conocían entre sí y que habían coincidido en la cárcel", sostuvo, para agregar que "las constancias son inmensas".
Igualmente valoró los dichos de Diego Wenderlich, otro vecino del barrio Los Chañares, quien situó a Ravainera en la casa de Fernández, pese a que ambos dijeron haberse conocido en prisión, recién durante 2007.

Casualidad o verdad
"O distintos testigos se pusieron de acuerdo, algo que parece imposible, o sólo dicen la verdad desde sus puntos de vista", manifestó D'Empaire.
También destacó la contradicción de Aguilar, quien dijo no conocer a los testigos "SS" y "TT", aunque después terminó admitiendo lo contrario, durante los careos que se llevaron a cabo el lunes.
"Las versiones de los descargos de los imputados son, al menos en estos puntos, mendaces" y sólo quieren "mejorar su situación procesal. No son culpables porque mienten, mienten porque son culpables y tratan de desligarse de la prueba", aseguró.
Antes del pedido de pena, y de considerar acreditada la intervención de Aguilar también en el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego y de Ravainera, en las estafas reiteradas (ambas son causas agregadas a la principal), el representante del ministerio público marcó agravantes de la acción que habría desplegado el trío para concretar el doble homicidio.
Mencionó la extensión del daño causado, la juventud de las víctimas, los motivos que los llevaron a delinquir, el desprecio por la vida humana, el despliegue de medios utilizados en distintas jurisdicciones, la nocturnidad, la pluralidad de intervinientes y, en el caso de Aguilar y Ravainera, las condenas anteriores que registran.
Por tal motivo, el doctor D'Empaire entendió que Gustavo Ravainera, Gustavo Aguilar y Héctor Fernández, deben ser condenados a la pena de reclusión perpetua, considerando razonable la elección de la sanción (aludió a un fallo del Tribunal de Casación Penal de 2004), por la edad de los novios asesinados.

Testigo desaparecido. El tribunal decidió que se agoten los recursos para localizar al testigo Néstor Di Croce, propuesto por el defensor Sebastián Martínez. De esa manera, evitó la incorporación, por lectura, de su primera declaración. Di Croce, de actual paradero desconocido, era playero de la estación de servicio del Camino Parque Sesquicentenario y Malvinas, donde el Chevrolet Corsa podría haber cargado combustible antes de partir hacia Coronel Suárez, con las víctimas ya en poder de los asaltantes.

"Los hechos materia de proceso se han acreditado"
"A manera de prólogo, quiero adelantar que soy coincidente con los términos expuestos por el representante del ministerio fiscal y con su pedido de pena", dijo el doctor Héctor Bertoncello, representante legal de las familias Chiaradía e Iglesia, al abrir su exposición, que comenzó a las 16.33 y se desarrolló durante 55 minutos.
"Los hechos materia de proceso se han acreditado por los medios probatorios específicamente arreglados o por cualquier otro con la sola condición de que no se afecte el sistema constitucional. Esta parte lo ha dicho en diversas oportunidades al hablar de la actividad del ministerio público, que no ha violado ninguna garantía constitucional de los imputados", continuó.
Según el particular damnificado, "estamos frente al complejo probatorio que, ante la falta de un testigo que haya visto disparar dando muerte a los chicos, tenemos un camino probatorio que ya definí como un círculo. Ese círculo de la prueba producida en este debate no ha sido roto en ningún momento, tanto en lo que hace a la circunstancia de modo y tiempo en el que se ha relacionado a estas personas"
Al referirse a la autoría, el letrado citó jurisprudencia según la cual "sólo se puede realizar el plan criminal actuando conjuntamente, pero cada uno actuando separado, lo podría haber anulado, con lo cual no se hubiera llegaba al hecho final. Es en esta medida que cada uno tiene el hecho total en su mano".
Bertoncello consideró que "tenemos un conjunto de prueba coexistente, no contradictoria", y volvió a citar jurisprudencia al referenciar que "la ley, al aludir al cuerpo del delito, no se refiere al cadáver de la víctima o al arma, sino a la prueba de ejecución que puede llegar a comprobarse por otros medios, aunque no existieran testigos materiales".
"Esto es lo que hemos estado referenciando: no hemos encontrado testigos que hayan visto a los tres imputados disparar a los chicos, pero sí tenemos testigos de las distintas secuencias de este crimen", afirmó.

Secuencia fáctica
"Se han citado testigos que los ubican en tiempo, lugar, actividades delictivas globalizadas y cruces telefónicos, para llegar acá, donde incluso en los careas no se ha impuesto una voluntad sobre otra y hemos tenido la suerte de escuchar y cada uno hacer su propia conclusión, que yo considero positiva", declaró.
Y agregó: "Entendemos que hay pruebas suficientes para la imputación a los tres encartados de los delitos por los cuales han sido acusado por el ministerio público, acusación a la cual adherimos".
El abogado consideró "que hay una secuencia fáctica entre la primera causa con la instigación al robo (del Chevrolet Corsa) y esta causa en la que se está juzgando el homicidio".
Sostuvo que "se va a pretender que al merituar los antecedentes o las condenas, se está haciendo una suerte de derecho penal de autor", y entonces citó nuevamente jurisprudencia y dijo "que no es derecho penal de autor, sino indicio que refuerza la imputación que en este momento estamos realizando contra los imputados".

Fuente: www.lanueva.com (La Nueva Provincia)

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