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Prestarán hoy declaración los tres acusados del doble crimen.

El anuncio fue realizado por los abogados defensores, quienes pidieron, para mañana, careos de los procesados con tres de los testigos de identidad reservada. Un recluso aseguró ayer que le ofrecieron dinero para que acusara a Gustavo Aguilar y Héctor Fernández.

La jornada de hoy en el juicio oral por el doble homicidio de María Victoria Chiaradía y Héctor Horacio Iglesia Braun, contendrá un ingrediente considerado muy importante, ya que los abogados defensores anunciaron ayer que los tres acusados prestarán declaración ante el tribunal.
Los letrados Juan José y Sebastián Martínez y Luis María De Mira, adelantaron que Gustavo Javier Ravainera (40), Gustavo Enrique Aguilar (45) y Héctor Hugo Fernández (44), dieron su conformidad para brindar su versión de los hechos y solicitaron, para mañana, la realización de careos con testigos que, durante la investigación, declararon bajo identidad reservada.
La defensa de Ravainera planteó que éste sea careado con la persona a la que se había nombrado como "ÑÑ", quien dijo haberlo escuchado comentar sobre su participación en el hecho a René Span, dueño de un desarmadero de Coronel Suárez.
Los otros dos detenidos, en tanto, pretenden refutar los dichos de los testigos "SS" y "TT", quienes aludieron, durante el debate, a comentarios de Aguilar y Fernández --supuestamente pronunciados en ocasión de un asado-- sobre la forma en que mataron a la pareja de novios bahiense.
A poco de ser detenidos, los tres acusados fueron llevados ante los fiscales Eduardo d'Empaire y Claudia Lorenzo --quienes también intervienen en el debate-- y se proclamaron inocentes.
El Tribunal en lo Criminal Nº 3, en tanto, escuchó ayer a quienes serían los últimos testigos de la fiscalía y también la declaración de un preso, propuesto por el doctor De Mira, quien aseguró haber recibido una oferta económica del testigo "SS", para incriminar a Fernández y Aguilar.
Antes del cuarto intermedio ordenado por los jueces Raúl Guillermo López Camelo, Alejandro Salvador Cantaro y Gabriel Luis Rojas, el fiscal D'Empaire --con la adhesión del doctor Héctor Bertoncello, representante legal de las familias de las víctimas-- desistió de los testigos Mario Dragone, Irma Esther Sales y del prefecto mayor Gabriel Filippini, ex director de la Unidad Penal Nº 19, de Saavedra.

Dijo que le ofrecieron la libertad y diez mil pesos
Ariel Solís Hernández, quien está preso desde hace cinco años y medio, aseguró ayer, ante los magistrados, haber recibido una oferta para obtener la libertad y diez mil pesos, a cambio de vincular a Fernández y a Aguilar en el doble crimen, aunque afirmó que él se negó a hacerlo.
El sujeto, a quien se conoce por el apodo de "Lelo", afirmó que la oferta le llegó en 2006, por parte del testigo de identidad reservada "SS", con quien compartía celda en la cárcel de Saavedra.
"'Me tenés que hacer un favor', me dijo; 'tenés que firmar una declaración, salirme de testigo'", expresó Solís Hernández, en alusión a la propuesta que le habría formulado "SS" y que, según él, fue revelada ante el jefe de Requisas, alcaide mayor Luis Velasco, que figura en la lista de testigos del juicio, pero todavía no declaró.
"Son dos muchachos que tenemos que involucrarlos en una causa, por la muerte de Iglesia y Chiaradía", dijo "Lelo" que le propuso su interlocutor.
Manifestó haberle respondido "yo no te puedo firmar esto", aclarándole que podía ser una complicación su eventual ayuda, porque suele tener problemas de memoria desde chico.
De todas maneras, sostuvo no haber tomado conocimiento del testimonio presuntamente preparado y que tampoco sabía si su contenido era verdadero o falso.
"Igual, si la leía, no me iba a acordar nada, porque tengo problemas", señaló Solís Hernández.
De todos modos, reflexionó: "Yo estoy privado de la libertad por hechos que he cometido y esto es una injusticia con los muchachos; hay gente que es inocente y está pagando cosas que cometieron otros".
"Conocí a Fernández y le dije que le salía de testigo, porque el que te involucró en esto fue... (brindó el nombre de 'SS', que no se suministra para preservar su identidad)", señaló el preso, quien dijo desconocer cuál era el trato que tenía el 'SS' con los acusados, aunque sí recordó que en la cárcel saavedrense lo solía visitar personal de la DDI bahiense.
A preguntas del doctor D'Empaire, el detenido aseveró que estos mismos hechos los denunció ante el fiscal Christian Long, aunque reconoció que en esa presentación sólo aludió a Fernández.
"Porque fui como testigo de Fernández y ahora soy testigo de los dos", se limitó a responder al respecto.
También declaró no haber sido presionado para declarar en el debate y que tampoco sufrió represalias del ex convicto que le formuló la propuesta ni de personal penitenciario.
Añadió que a los 15 o 20 días de hacerle la oferta, "SS" recuperó la libertad, dato del cual pidió constancia el fiscal, en virtud de que no sería exacto.

Siete años y medio. A principios de junio de 2006 --según el archivo de este diario--, Ariel Antonio Solís, alias "Lelo", fue sentenciado a cumplir siete años y seis meses de prisión, al ser hallado culpable de una serie de robos a mano armada cometidos en nuestra ciudad.
El Tribunal en lo Criminal Nº 1, integrado por los doctores Mario Lindor Burgos, Enrique José Montironi y Hugo Alberto De Rosa, lo halló culpable de portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, robo calificado con armas y robo doblemente calificado con armas, en poblado y en banda.
Uno de los hechos que se le atribuyó, fue el asalto cometido el 21 de mayo de 2004, a primera hora de la tarde, en un locutorio situado en el cruce de las rutas 229 y 252, que significó el fin de sus andanzas, ya que lo atraparon momentos después.
Posteriormente, se comprobó su participación en otro robo con armas, perpetrado la noche del 17 de mayo del mismo año, en el polirrubros de Chiclana 1546.
En ese lugar ingresaron dos ladrones, uno de ellos portando un arma de fuego, quienes amenazaron a Marcela Fernández y le sustrajeron 700 pesos.
Otro hecho del que fue responsabilizado se registró el 3 de octubre de 2003, a las 19, en la carnicería de Garibaldi 262, propiedad de Osmar René Mansilla.
Tres individuos irrumpieron en ese comercio, con un arma de fuego y un cuchillo, redujeron al damnificado y lo despojaron de unos 1.000 pesos que había en la caja registradora.
Por último, se lo sindicó como uno de los autores del asalto ejecutado el 8 de mayo de 2004, en la carnicería y pollería F.C., de Newton 2807.
También en ese caso ingresaron tres sujetos, uno de ellos con un revólver, quienes intimidaron a Abel Antonio Luna y le robaron 900 pesos y dos teléfonos celulares.
Solís fue reconocido por víctimas y testigos en ruedas de personas y también en fotografías, según afirmó el tribunal.

Relación previa entre dos acusados
Un vecino del barrio Los Chañares, donde para 2000 vivía Héctor Fernández, relacionó al acusado con Gustavo Ravainera, pese a que ambos, durante la instrucción de la causa, habían declarado que no tenían trato entre sí.
Aunque con algunas confusiones sobre rasgos, apodos, vestimentas y reconocimientos, Diego Fabián Wenderlich afirmó, tal como lo había hecho su madre (Gabriela Ainó) la semana anterior, que en la casa de "El Petiso" Fernández había un permanente movimiento de entrada y salida de vehículos y que "reiteradas veces se veían patrulleros".
"El (Fernández) viajaba mucho, a Caleta Olivia, pero no sé por qué. Los autos estaban 20 minutos y se iban, siempre cuando estaba Fernández en la casa", dijo, para agregar que los móviles policiales, en ocasiones, se presentaban cuando él estaba fuera de la ciudad.
Sobre las personas que frecuentaban la vivienda, en principio ubicó a uno apodado "El Chino" (apelativo con que se conoce a Aguilar), aunque en los reconocimientos fotográficos no había podido identificar al sospechoso.
Lo describió, en principio, como un hombre "de treinta y pico años, pelo medio largo morocho, barba candado y tez blanca", aunque después admitió que, por el nerviosismo del momento, no recordaba si le decían "Chino" o "Lagarto", en referencia a Ravainera, a quien sí identificó por fotos en la fiscalía, teniendo en cuenta que el sujeto vestía un abrigo que su hermana le había prestado a la familia Fernández, sin que les fuera devuelto.
"Lo reconocí por la campera y por la cara", aclaró.
Wenderlich explicó que al menos uno de los procesados frecuentaba con antelación esa casa, cuando allí vivía una persona a la que identificó como "El Tarta" Ojeda.

"Aguilar me sacó el taller a la fuerza"
El dueño del taller Marino Diesel, que funcionara en el kilómetro 696 de la ruta nacional 3 sur, en la zona del paraje El Cholo, aseguró que antes de 2000 (en primera instancia había declarado que fue en marzo de 2001), cuando él se encontraba a cargo de un establecimiento similar en Entre Ríos, uno de los tres detenidos usurpó su propiedad y la ocupó mediante el uso de armas.
Daniel Francisco Marino, quien declaró por espacio de trece minutos, explicó que aquella toma a la fuerza se registró cuando un empleado suyo estaba al frente de la empresa, dedicada a la colocación de bombas inyectoras y mecánica en general.
"No lo cerré; tenía una sucursal en Concordia y había dejado a un empleado de confianza, Marcos Paredes y le sacaron el taller por la fuerza. Yo en ese momento no estaba, estaba en Entre Ríos; lo habían usurpado. Lo obligaron a entregar todo. Por lo que tengo entendido, le apuntaron con una pistola y lo sacaron. Fue (Gustavo) Aguilar y no sé quién más", afirmó.
Dijo que posteriormente también obligaron a retirarse del lugar a su madre, quien vivía en una amplia casa contigua al local, que constaba de dos galpones de 10 por 20 y 10 por 15 metros de superficie, un laboratorio de inyección, además de un quincho y una cochera para cuatro vehículos.
De todas maneras, a preguntas del defensor de Aguilar, explicó que en el caso de su progenitora, "fue con un mandamiento, con una orden judicial, aunque no sé por qué".
Sobre su relación con Aguilar, confirmó que lo conocía de antes, ya que le había salido "como depositario de un banco de prueba" y, consultado sobre el fiscal Eduardo d'Empaire, respecto de los bienes que integraron el "despojo", Marino dijo que el inmueble y todo su contenido, como rodados (incluyendo un auto de competición), un autoelevador, herramientas y compresores y "hasta las fotos de los chicos, que estaban en la casa, arriba. No me quedó nada".
Interrogado por el abogado Sebastián Martínez, dijo no recordar si esos bienes muebles, finalmente, fueron rematados por orden judicial.
Aclaró que Aguilar, durante un encuentro que mantuvieron en el café de la avenida Colón y Drago, le solicitó 18.000 pesos "para salir"; es decir, para dejar sin efecto la usurpación, pero que él no estaba en condiciones de aceptar la oferta, porque atravesaba una mala situación económica.
Previamente declaró Marcelo Juan José Carabillo, administrador de un galpón ubicado en el kilómetro 9,500 de la ruta nacional 35, quien confirmó que entre los años 1999 y 2000, Aguilar le alquiló esa propiedad.
Dijo que ese contrato se mantuvo "tres o cuatro meses y lo dejó".
No supo definir cómo fue la finalización del mismo, aunque sí que "estuvo poco tiempo".
Al serle exhibida el acta con la copia del contrato y una tarjeta con un número de teléfono que le había entregado en aquel entonces el detenido, Carabillo reconoció ambas.
Según la acusación, en ese lugar también fue visto Fernández y Ravainera habría llegado a pernoctar.

Estafa con DNI ajeno
El testigo Eduardo Domínguez aseguró ayer que el DNI que apareció con su nombre, sin fotografía, en la casa de Aguilar, durante el allanamiento que se concretó en 2007 y que derivó en la detención del sospechoso, le fue robado a fines de 2003.
Dijo que cuatro jóvenes, uno de ellos armado, lo despojaron de todas las prendas que vestía, en las vías ubicadas en Rondeau casi Sixto Laspiur, a poco de retirarse de un boliche de la avenida Colón al 500.
A preguntas del fiscal D'Empaire, admitió que no conocía a Aguilar aunque sí a su mujer, Claudia García, del Hogar Mamá Margarita, de Cáritas, donde él prácticamente se crió.
En cuanto al documento hallado, dijo que el año pasado debió acudir al Juzgado Federal Nº 1, "por una estafa que cometió el señor Aguilar en la localidad de Azul", relacionada con la compra o la transferencia de un vehículo.

Fuente: www.lanueva.com (La Nueva Provincia)

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