La sociedad en general tiene la percepción negativa y adversa del quehacer de algunos Consejeros Escolares debido a los problemas de inoperancia, opacidad, negligencia y a la deficiente cultura de rendición de cuentas en el sector público, donde el Servidor Público debe necesariamente ajustar su comportamiento a una serie de órdenes y normas, ya que la mayoría de sus funciones ante la sociedad deberían ser un ejemplo de moralidad, donde el cumplimiento del deber y el orgullo de ser Funcionario Público se debe vivir día a día para recobrar la confianza de la ciudadanía.
El Consejo Escolar del Distrito de Coronel Suarez, órgano constitucional, democrático, colegiado y elegido por el voto popular, no puede hacer como si nada pasara ante la actitud ejercida por cuatro de sus miembros violando leyes, reglamentaciones y resoluciones que no podían desconocer bajo ningún aspecto, estas actuaciones deberían ser remitidas a la Dirección Provincial de Consejos Escolares, por incumplimiento de los deberes y las obligaciones del Consejero Escolar, conforme a las facultades conferidas por la Ley 13.688, artículo 172, que estas resoluciones se toman en base a la violación de la Ley 10.430 de la Provincia de Buenos Aires, Ley de Procedimiento Administrativo.
Nos gustaría conocer la postura oficial que este Consejo Escolar tiene frente a una serie de hechos que llevó a cabo en la escuela rural “La Uruguaya”, advertimos, de qué manera seguirá funcionando institucionalmente dicho cuerpo, sí, la Presidente del Consejo Escolar por acción o por omisión supuestamente se encuentra involucrada, con tres Consejeros más, en los hechos públicamente conocidos, los inhabilitan a tomar decisiones disciplinarias que se deberían cumplir con la Ley Provincial de Educación N° 11.612; y ANEXO: REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO ESCOLAR en todos sus considerandos, en cual no podrían aplicarse sanciones a sí mismos y complicar el normal funcionamiento, para ello debería Dirección de Escuelas de la Pcia. de Bs. As. designar un interventor para regularizar y aplicar sanciones.
A no ser que los involucrados tengan un rapto de dignidad y ética, evitando seguir dañando la institución, tomando la decisión de dar un paso al costado, tal como es la solicitud de los Miembros de Cooperadora, sin antes como todo ciudadano tiene derecho apelar y recurrir a los estamentos que correspondan para dejar en claro sus procederes y terminar haciendo un gran aporte de transparencia y ejemplos a la comunidad educativa.
José D. Boviez - Presidente UNOS
Horacio Stein - Secretario UNOS