La comunidad internacional creó en 1947, sólo dos años después de la fundación de la ONU, a la Comisión de Derechos Humanos. Su misión era denunciar y prevenir los crímenes de lesa humanidad en el mundo. No obstante, rápidamente cayó en la telaraña de la Guerra Fría. En lugar de actuar siguiendo criterios objetivos, los países miembros decidían en función del bando al que pertenecían. Las naciones del eje comunista, que respondían a los lineamientos de Moscú, procuraban defender siempre a sus aliados sin importar las crímenes que cometieran. Con el mismo criterio se manejaba el bloque occidental, que seguía las directivas de Washington.
Como si fuera poco, la Comisión estaba conformada por países que tenían en su haber graves denuncias por violaciones a los derechos humanos. Evidentemente, en esas condiciones no era mucho lo que podía hacer el organismo. Así fue como en 2006 se decretó su defunción.
En su lugar se creó el Consejo de Derechos Humanos (CDH). El primer cambio fue que, en teoría, los miembros de la Asamblea General debían considerar la situación de los países al momento de votar a los 47 miembros del foro, para evitar que ingresara un gobierno dictatorial y asesino. La idea era muy clara: despolitizarlo y convertirlo en un verdadero faro en la defensa de los derechos humanos.
"Fueron demasiado optimistas", comentó a Infobae un miembro de una delegación latinoamericana. Lo cierto es que el CDH volvió rápidamente a quedar atrapado en la lógica cortoplacista de los gobiernos. Para empezar, nació con algunos problemas de base. El primero es que cuenta con apenas 3% de todo el presupuesto de la ONU, lo que evidencia el desfase entre el discurso en favor de los derechos humanos y lo que realmente se hace para defenderlos. El segundo es que el criterio de selección de los integrantes es tan vago que termina entrando al CDH cualquiera que reúna el apoyo político suficiente en la Asamblea General.
Oscar Cabello, vicecanciller de Paraguay, al leer la declaración sobre Venezuela
Oscar Cabello, vicecanciller de Paraguay, al leer la declaración sobre Venezuela
"Hay países que quieren pertenecer al Consejo no para defender los derechos humanos, sino para asegurarse de que sus resoluciones no los afecten", dijo el director de una importante ONG que trabaja muy cerca del CDH. Sobran los ejemplos. Burundi, que está atravesando una grave crisis por los sistemáticos crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Pierre Nkurunziza, forma parte del mismo CDH que durante la 33ª Sesión que acaba de terminar tuvo que decidir si aprobaba o no un informe en el que se denunciaban las atrocidades que está cometiendo. Al final, no consiguió el apoyo suficiente para bloquearlo. Pero hay otros casos flagrantes, como Arabia Saudita, Rusia, Cuba o Venezuela.
Parte del problema está en el mecanismo de selección. Cualquiera de los 193 estados presentes en la ONU puede presentar su candidatura para un mandato de tres años con la posibilidad de una reelección consecutiva. Para entrar hay que tener el respaldo de la Asamblea General. Pero en realidad no todos tienen las mismas probabilidades, porque hay cupos preestablecidos: 13 para África, 13 para Asia y el Pacífico, 8 para América Latina y el Caribe, 7 para Europa occidental y otros, y 6 para Europa oriental.
Así, el CDH termina funcionando como un cuerpo político de tipo parlamentario con cupos preestablecidos. En la mayoría de las resoluciones, los participantes no votan individualmente en función de sus convicciones, sino que se agrupan en bloques y deciden en concordancia con los acuerdos que tienen con sus socios. Los principales bloques son el Grupo Africano, el Grupo Árabe, el Grupo de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, y el Grupo Latinoamericano. Es cierto que hay flexibilidad y hay veces en las que esos grupos se rompen, pero la intención es fortalecerlos, lo que hace muy difícil que un país se anime a cuestionar a un miembro de su propio bloque.
Por eso Paraguay causó tanto revuelo esta semana cuando leyó una declaración conjunta manifestando su preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Fue algo realmente inédito. Tanto es así que Costa Rica fue el único estado latinoamericano que lo acompañó. El resto se abstuvo o, en el caso de los que participan del ALBA (Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia), se sumaron a una contradeclaración en apoyo a Caracas y al gobierno de Nicolás Maduro, cuyo representante dijo que Paraguay no era más que un "lacayo del imperialismo norteamericano".
Fuente: Infobae.