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Municipales.

 

“Vamos a hacer una nueva presentación ante el Ministerio pidiendo la nulidad del acto (dictado de conciliación obligatoria) porque no corresponde”.

En la mañana del jueves se llevó a cabo en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) una conferencia de prensa donde el Secretario General y la Secretaria Adjunta, Rubén Allende y María José Lacoste respectivamente, acompañados de los Delegados de cada sector, dieron a conocer su posición y las decisiones que vienen tomando en virtud de las últimas novedades producidas en el conflicto, entre ellas la nota del Ministerio de Trabajo donde ratifica la conciliación obligatoria, el descuento de los días no trabajados desde que se dictó la misma al personal que ha participado de las asambleas y otras cuestiones de este conflicto que parece estar bastante lejos de una solución.
Al iniciar la conferencia de prensa Rubén Allende explicó que “los dichos del Ejecutivo nos ponen a nosotros en la obligación de hacer varias aclaraciones”.
A lo que calificó como “la pregunta del millón: ¿estamos en conciliación obligatoria?”.
Allende respondió que “el Ministerio de Trabajo ha dictado una nueva resolución, la 9621, en donde no hace a lugar al recurso presentado por el STM en cuanto a la nulidad del acto administrativo, de dictar una conciliación obligatoria sobre otra conciliación, sobre el mismo expediente, los mismos hechos y los mismos reclamos”.
Luego afirmó que “esto nos deja en la obligación de elevar ante el superior jerárquico que el acto administrativo es nulo, tanto el de la resolución 175, como el de la resolución 9621. Digo esto porque esta última lo que resalta es que se le da respuesta en cuanto al rechazo de la nulidad, porque ha hecho todo lo jurídicamente esperable y concretable”.
“Es decir, nosotros en tiempo y forma contestamos la interposición ante la nulidad del acto administrativo. Por eso mismo que nos dan respuesta a la ratificación de la 175, pero sin cuerpo jurídico, con la sola presentación de darle curso a lo solicitado por el Ejecutivo, porque nombra las fojas mencionadas por el Ejecutivo, del pedido de conciliación obligatoria. Nosotros a eso ya lo habíamos rechazado y lo tenemos que volver a rechazar de nuevo, porque no hay elementos jurídicos que digan que esa conciliación obligatoria, dictada por la resolución 175, sea viable, porque no corresponde por ley, los fundamentos jurídicos no están contrarrestados, no nos dicen: ‘Ustedes en la presentación que hicieron no corresponde la nulidad del acto, porque se basa en tales o cuales cuerpos jurídicos’. Ratifican una resolución, pero no ratifican la conciliación obligatoria; estamos en una instancia en la que vamos a hacer una nueva presentación. Tenemos tres días hábiles ante el superior jerárquico para volver otra vez contra la nulidad del acto. Estamos igual que el 8 de agosto: con una presentación hecha por el Ministerio a una resolución que no está en un acto administrativo válido, en donde el Sindicato hace la presentación de la nulidad del acto y aún no se nos ha contestado si el acto es nulo o no lo es. Sino se ha hecho una ratificación sobre una conciliación que no corresponde”.

Sobre los descuentos a los trabajadores.

Allende los calificó que “compulsivos, arbitrarios, por parte del Ejecutivo. Ha salido a decir que el recurso de amparo y la cautelar presentada por el STM ha sido rechazado por el juez”.
“Esto es totalmente incierto, fuera de lugar, fuera de toda realidad, hasta podríamos decir que mentiroso. No puede un juez determinar o rechazar la ilegalidad de los actos administrativos en cuanto a los descuentos arbitrarios, cuando aún no se ha hecho la presentación, porque no teníamos la documentación para hacerlo. Nosotros el recurso de amparo que hicimos fue ante la conciliación que no correspondía y ante las cartas documento intimidatorias que se habían hecho en el transcurso del presente reclamo. Lo que si interpuso el juez laboral, que fue donde se presentó, que le dio lugar al recurso de amparo, no le dio lugar a la cautelar. No tienen los comprobantes fehacientes para decir que estos descuentos son legales y legítimos. Podrán tener su cuerpo legal de justificaciones, pero nosotros vamos a seguir por la vía administrativa, ministerialmente, y por la vía judicial a través de un recurso de amparo ante los fueron laborales, y por la vía de la acción gremial que estamos llevando a cabo con esto de las asambleas permanentes de seguir reclamando por nuestro genuino derecho”.
Aquí en este punto se sumó María José Lacoste, quien consideró que “al amparo nosotros lo presentamos y ya el día martes el Municipio lo ha recibido, el tribunal en lo laboral de Bahía Blanca le dio traslado al Municipio y el Municipio tiene que contestar esta petición y este traslado del tribunal laboral. O sea, no es que acá al amparo la justicia lo dejó de lado, sino que dio vista y corrió traslado al Municipio. Si el amparo hubiera sido rechazado por el tribunal de Bahía Blanca nunca hubiera dado traslado al Municipio”.

En cuanto a las audiencias de mediación.

Explicaron los dos dirigentes gremiales que “asistimos a las audiencias de mediación en la potestad que tiene el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires de mediar en los conflictos colectivos. Cuando nosotros asistimos lo hacemos no en el marco de la conciliación obligatoria. Y esto fue consensuado con el Ministerio de Trabajo. Nosotros nos sentamos a mediar en la garantía que nos da el Ministerio de Trabajo de acercar las partes”.
“Son audiencias de mediación. Cuando en el día de ayer (por el miércoles) en el Ministerio nos leen el acta, nos insta a la institución gremial a desistir de las medidas tomadas, adoptadas. En cuestión a esto nosotros políticamente, desde lo sindical, le contestamos que acá hay supuestamente una conciliación obligatoria que el Ministerio dice que acató y si la hubiera acatado acá no habría descuentos, no habría acoso laboral, no habría violencia laboral, no habría cartas documento. Si hay una conciliación obligatoria y el Municipio la habría acatado hay un montón de hechos y sucesos que se produjeron en forma de práctica desleal por parte del Ejecutivo, porque individualiza el reclamo en vez de tomar los recaudos y medidas para dar solución a un conflicto que nace de la necesidad de los trabajadores y del pleno derecho que tenemos los trabajadores a reclamar mejores salarios y mejores soluciones. Y el Ejecutivo, en vez de ponerse a ver cómo soluciona el problema en el marco de una conciliación, sigue agravando, sigue echando combustible al problema, atropella y va contra los derechos que tenemos los trabajadores. Por eso le dijimos al Ministerio que instan al gremio, pero no vemos que insten al Municipio a que desista de estas prácticas desleales y de estos atropellos a los derechos de los trabajadores”.
Agregaron tanto Rubén Allende como María José Lacoste que “no se puede llegar a ningún acuerdo si no dan para atrás con la práctica desleal de los descuentos arbitrarios”.

 
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