En los últimos días se conoció la noticia de un nuevo decreto de la gobernadora María Eugenia Vidal que da lugar a la realización de un revalúo de la tierra urbana y suburbana.
Se trata del Decreto Nº 790/16 que habilita la actualización de valores, en el marco de la Ley Nº 10.707. El revalúo tendrá impacto el año próximo cuando se aplique la Ley Impositiva que determina el valor de los impuestos.
Tal y como sucedió a principio de año con la actualización de las valuaciones fiscales de los vehículos, lo que se busca con esta medida es acercar los valores de los inmuebles a sus valores de mercado, con el consecuente aumento de la recaudación impositiva. Esto significaría un considerable aumento del impuesto inmobiliario, las opiniones más optimistas indican que será entre seis o siete veces más que los importes actuales.
Como viene sucediendo hace años, este revalúo profundizará el modelo impositivo regresivo ya que se aplicará por igual entre quienes tienen una única vivienda familiar y entre quienes son multipropietarios o propietarios de viviendas de lujo, incluso no está clara la disposición para el caso de los clubes de campo y barrios cerrados.
De esta forma, el aumento repercutirá en el bolsillo de los trabajadores, que este año ya está padeciendo las consecuencias de los tarifazos y el próximo sufrirá la suba de impuestos a su vivienda, para quienes la tienen. O el aumento de los alquileres dado que en general los propietarios tienden a trasladar los mayores costos al valor del mismo.
En el 2015, el entonces diputado provincial por el PTS/FIT Christian Castillo, presentó un proyecto que modificaba las escalas de la Ley Impositiva gravando en forma progresiva a los grandes propietarios de tierras y a quienes se beneficiaron con la especulación inmobiliario, dueños de viviendas ociosas, mientras se eximia del pago a quienes poseían sólo una vivienda única y familiar. También proponía que el valor de los alquileres no supere el 20 % de la canasta familiar en aquellos casos destinados a vivienda única de tipo familiar y cuyo propietario tenga más de cinco bienes inmuebles.
El plan de Vidal: bajar el déficit fiscal a costa de los que menos tienen
Todos los economistas vienen planteando que uno de los principales problemas del gobierno de Macri y Vidal está en que no logra bajar el déficit fiscal. El límite mayor es su propio programa de gobierno: mantener las grandes ganancias de los terratenientes y grandes propietarios y atacar el bolsillo del pueblo trabajador.
Mientras quita o baja de retenciones al campo y las mineras, incrementó los pagos de deuda externa, a los buitres y el nuevo ciclo de endeudamiento. Y sólo el 6% del presupuesto provincial es compuesto por el impuesto inmobiliario, donde los grandes terratenientes, los dueños de countries y barrios privados pagan sumas irrisorias o ni pagan.
Ahora Vidal busca dar respuesta a esta encrucijada del déficit fiscal, aumentando la recaudación con la suba del impuesto para que sigan siendo las grandes mayorías las que paguen el ajuste.
El inmobiliario rural, por ejemplo, suma apenas el 2,15 % del total de la recaudación, siendo los principales beneficiarios de las medidas Pro, con la devaluación y la quita del impuesto a las retenciones. A los 1250 grandes propietarios que poseen casi nueve millones de hectáreas seguirán sin tocarles un centavo de su bolsillo.
Vale decir que lo que se recaude está lejos de ser destinado a un plan de obras públicas y de viviendas que den respuesta a los millones de familias que no cuentan con vivienda propia porque cada vez se necesitan más salarios para acceder a una y en la gran mayoría de los casos no alcanzan los ahorros de toda la vida para lograrlo. Y es por esto que los sectores obreros y populares de menores ingresos son empujados a vivir en las edificaciones más precarias. Son, a la vez, quienes cuentan con menor resguardo ante los crímenes sociales como las inundaciones que vienen golpeando los principales entramados urbanos del país, llegando a cobrarse víctimas fatales.
Los trabajadores necesitamos un plan de obras públicas que se base en el aumento de los impuestos a los grandes propietarios.
EJEMPLOS
Con el nuevo revalúo fiscal, el intendenten de Pehuajó, Pablo Zurro, analizó que “se afectará significativamente” el presupuesto familiar de los ciudadanos, mientras que desde el bloque de concejales del Frente para la Victoria en Junin coincidieron al decir que “será un golpe al bolsillo”.
Es que, tal como informó este portal, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, dispuso a través del decreto 790/16 que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) realice una revaluación de los valores de la tierra urbana y suburbana libre de mejoras y sus edificios, iniciativa que tendrá un impacto el año que viene sobre los impuestos.
En este sentido, los dirigentes de la oposición ejemplificaron que una propiedad de 46 m2, deberá pagar durante el 2017 de Impuesto Inmobiliario Urbano $5610,09, contra $237 del 2016, y $1618,55 anuales de Tasa de ABL, contra $720 que abonó por el 2016.
“Una familia que vive en una casa del Barrio Empleado de Comercio de 112 M2, durante el 2017 deberá pagar de Impuesto Inmobiliario Urbano $14.299,64 -contra $891 del 2016-, $4125,54 anuales de Tasa de ABL –contra $1422 que abonó por el 2016- y abonará el Impuesto de Bienes Personales por $3705,64 –que con el esquema actual no abona”, tomó otro de los ejemplos el intendente de Pehuajó.
Por su parte, el presidente del bloque de concejales del FpV en Junín, Gustavo Traverso, coincidió al afirmar: “Este tarifazo, en sintonía con la transferencia de recursos que viene implementando el gobierno de Mauricio Macri, significa un nuevo golpe al bolsillo, principalmente para la clase media y los sectores más vulnerables”.
“Además, lo que la gobernadora no ha contemplado es que la valuación fiscal es un valor utilizado para otros impuestos. Al aumentar la valuación fiscal, muchas familias deberán empezar a pagar bienes personales (impuesto nacional) y en base a la valuación fiscal se calculan las tasas municipales de Conservación de la Vía Pública (CVP) y Servicios Sanitarios (agua)”, precisó Traverso y agregó: “Si a esto sumamos una inflación interanual que ronda el 45 %, el incremento de no menos del 400 % en los servicios de gas y electricidad, contrapuesto con los aumentos salariales que no superan el 35 %, estamos ante una clara pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores”.