El Doctor Emilio Varela, en una nota publicada en distintos medios, se refiere al conflicto que afecta al Ejecutivo y los trabajadores municipales. En ella sostiene que la cantidad de trabajadores dentro del Municipio es mucha, sin dar ningún tipo de argumentación que sea posible refutar.
Para demostrar la inconsistencia de tal afirmación basta con señalar las condiciones laborales de las y los trabajadores del Hogar de Ancianos, donde un grupo muy reducido de enfermeros/as, mucamas y cuidadores/as deben atender las necesidades de más de 120 abuelos (en el turno mañana hay únicamente tres cuidadoras/es por sexo de abuelos internados), donde dichos trabajadores/as sufren un desgaste físico irreparable, en una encuesta realizada por la Dirección de RRHH de la Municipalidad se constata que el 90% de los trabajadores desean cambiar de sector.
Además Varela sostiene que todos los problemas públicos de Coronel Suárez son responsabilidad de los trabajadores municipales. A lo que propone como solución el despido de trabajadores (presentándolo como “revisión de contratos”) y su reubicación en el sector privado, omitiendo la grave situación laboral local, con decenas de despidos y cierre de lugares de trabajo.
También sugiere iniciar sumarios a todos los trabajadores que falten a la ley 14.656, lo que significa una coerción a los trabajadores que participan en las asambleas, sin hacer mención alguna a los reiterados incumplimientos de la ley por parte del Ejecutivo, como es el caso del traslado del trabajador Marshall, por pedido de la Sociedad Rural, contrario a la ley 14.656.
Los trabajadores municipales, como el resto de los trabajadores, tanto públicos como privados, sufren las consecuencias de la política económica llevada a cabo por el gobierno nacional y los gobernadores. Frente al ajuste económico brutal, una inflación en ascenso y miles de despidos, la organización y las luchas se multiplican, como es el caso de la masiva marcha nacional en defensa de la educación pública o la movilización contra los despidos del 1 de mayo.
La clase obrera argentina, mal que le pese a Varela, está dispuesta a defender los derechos adquiridos, producto de históricas luchas, a través de actos y manifestaciones, que el único peligro que conllevan es el triunfo de los reclamos populares. Coartar y criminalizar dichas manifestaciones populares busca impedir el ejercicio del derecho a la protesta, por lo tanto el derecho a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión y de asociación. El Rodrigazo, aplicado por el gobierno, es resistido por el pueblo trabajador mediante movilizaciones, piquetes y huelgas. Lo que asusta es el triunfo popular contra el ajuste.