El gobierno de María Eugenia Vidal investiga si dentro de la fuerza provincial existe una red de policías ligada al juego clandestino y a la recaudación ilegal, que por omisión o eventual encubrimiento podrían estar recibiendo apoyo de los más altos jefes que tiene la policía bonaerense.
Las cifras oficiales son contundentes: el 50% de los 1660 uniformados desplazados durante los siete meses de la gestión del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, fueron apartados por estar involucrados en hechos de corrupción policial como juego, extorsión y enriquecimiento ilícito.
Del total de los desplazados, el 10% son oficiales jefes o superiores. Muchos de ellos han ocupado puestos de importancia en comisarías y otras dependencias clave en el conurbano y el interior de la provincia.
Fuentes del gobierno bonaerense dijeron a LA NACION que las cajas millonarias del juego clandestino y los sobres con plata negra por supuesta protección a comerciantes que salieron a la luz en los últimos cuatro meses difícilmente podrían ser casos aislados sin contar con el apoyo de una estructura formal de recaudación. Por eso, la Dirección de Asuntos Internos quiere saber hasta dónde llegan esas complicidades y averiguar si efectivamente hay una red organizada de corrupción policial.
"El problema es que aquí, el gobierno anterior [Daniel Scioli] dejó que la policía bonaerense se autogestione. La política no intervino para ponerle límites y así fueron creciendo redes de complicidades que ahora son muy difíciles de desarticular", dijo a LA NACION el diputado (FR) Ramiro Gutiérrez, uno de los abogados civiles que participó en la primera intervención de la policía bonaerense, en 1997.
En los últimos meses se intensificaron las investigaciones y se allanaron clubes y salones comerciales donde se descubrieron que funcionaban mesas de juegos clandestinos y donde se detuvieron a policías. En Bolívar, por ejemplo, dos comisarios -uno retirado y otro en actividad fueron detenidos por coordinar casinos ilegales. Otros dos jefes policiales también quedaron detenidos por brindar protección a casinos ilegales en Los Polvorines, en el partido de Malvinas Argentinas.
Fuentes oficiales del área de Seguridad contaron a LA NACION que los allanamiento parten muchas veces de denuncias anónimas que en los últimos meses se han intensificaron. Pero se preguntan por qué, en algunos operativos donde se sorprendió in fraganti a policías involucrados en hechos relacionados con el juego clandestino, no se le informó a tiempo a la Dirección de Asuntos Internos para participar de los procedimientos.
"Históricamente, el juego ilegal y la prostitución fueron rubros ligados a la corrupción policial. En la mayoría de causas judiciales y de sumarios internos de Asuntos Internos que se conocen, los policías siempre están acusados por estos delitos. Así que no es extraño que todo esto sea la punta de un iceberg", dijo Gutiérrez.
Además de los policías involucrados en el juego ilegal, hay otro tema que no deja dormir a los auditores de Asuntos Internos: la multiplicación de denuncias anónimas que acusan a uniformados de pedir coimas y recibir sobres para sus jefes.
El entramado de los sobres negros y recaudación ilegal estalló a principios de abril con el robo a la casa del intendente de La Plata, Julio Garro. Sucedió que el único detenido por el atraco fue el subteniente Patricio Miguel Masana, que con un sueldo de $ 18.000 vivía en el mismo barrio privado del jefe comunal. Pagaba una renta mensual de $40.000 y expensas por unos $8000, además conducía una costosa camioneta Mercedes-Benz. Nadie podía decir como hacía ese uniformado para mantener ese estilo de vida. Por eso los investigadores allanaron la propiedad y descubrieron planillas de horas adicionales de la policía (Polad), una máquina de contar dinero, 80 pastillas de éxtasis y una caja fuerte con US$10.500 y $84.600.
Fue entonces que los investigadores pusieron la lupa sobre la comisaría 1a. donde se desempeñaba Masana y pasaron a disponibilidad al jefe de la comisaría Marcelo Cifuentes, y a su segundo, subcomisario Carlos Arias, sospechados de haber participado en maniobras irregulares en la distribución y otorgamiento de las horas extras policiales. En esa comisaría se destinaba 25 millones de pesos al mes en horas adicionales, de los cuales, 12.500.000 pesos (la mitad), "se perdían en el camino", confió un vocero del área de Seguridad.
A los pocos días de esa intervención, un llamado anónimo a Asuntos Internos advirtió de un caso corrupción policial: en la Jefatura Departamental de La Plata se recibían sobre con "plata en negro". Los investigadores allanaron la dependencia, en pleno centro de esta ciudad, y descubrieron 36 sobres con 153.700 pesos que provendrían del eventual pago de coimas exigidas por policías a comerciantes platenses.
A partir de ahí los llamados y denuncias se multiplicaron en distintos puntos de la provincia. Una fuente oficial reveló que cada vez hay más denuncias anónimas. "Se nota que muchos son policías, por la forma de hablar. Es un efecto cascada que deberá investigar Asuntos Internos", dijeron.
Desde esa dependencia creen que los llamados que reciben los investigadores podrían estar siendo realizados por "policías heridos o que quedaron fuera del negocio". Los datos del Ministerio de Seguridad sirven para ejemplificar la magnitud del problema: en los primeros seis meses del año la Asuntos Internos recibió un total de 20.000 denuncias. De esas se abrieron 4507 sumarios y que derivaron en los mencionado 1660 unifomados desplazados. El resto de los sumarios siguen su curso. Y las restantes 15.000 denuncias están siendo investigadas; 12.000 de ellas son por casos de corrupción policial, narcotráfico y juego.
Para atender este universo denuncias, hoy la Dirección de Asuntos Internos cuentan con 400 empleados que deben controlar a 110.000 policías bonaerenses.
Una de las cajas de la policía bonaerense que más sorprende es el robo de los alimentos a los caballos, tal como lo informó el programa Periodismo Para Todos", de Canal 13. Según fuentes del Ministerio de Seguridad, hace meses que este problema "está solucionado" y el dinero del alimento de los animales ahora lo maneja la Dirección de Veterinaria y Bromatología de la Policía. Antes a los efectivos les daban el dinero para los rollos de alfalfa y la avena, pero no llegaba a los equinos -400 son de la fuerza y 600 son secuestros judiciales-. "Es un dinero que se le daba directo a los responsables y ahora lo va a manejar el ministerio a través de la Dirección de Veterinaria y Bromatología. Ellos van a manejar la compra de alimento", explicaron fuentes de la cartera de Seguridad. Virginia Doyle es la mujer que está a cargo de alimentar a los caballos de la policía bonaerense. Ella es una incorporación de hace unos pocos meses en el ministerio y es civil.
Fuente: La Nación.