El ministerio de Seguridad denunciará ante la Unidad de Información Financiera a los policías que no presenten sus declaraciones juradas de bienes. De esta manera, se abrirá una investigación sobre posible lavado de activos contra aquellos efectivos que incumplan con el trámite exigido por el gobierno de María Eugenia Vidal.
Esa será una de las consecuencias que afrontarán los uniformados que no presenten sus declaraciones juradas. Pero además, se les iniciarán sumarios administrativos y podrán ser suspendidos, según trascendió ayer en la cartera que conduce Cristian Ritondo. El plazo para hacer la presentación culminó ayer y unos 1.000 uniformados no cumplieron con el trámite de los 6.340 incluidos en la obligación. Por eso Seguridad los intimó para que en diez días cumplan con esa exigencia ante el área de Asuntos Internos y la Escribanía de Gobierno.
Además de las sanciones apuntadas, en Seguridad analizan aplicar multas en función de los ingresos de cada policía y cuando sean suspendidos.
Según trascendió, la mayoría de uniformados que no cumplió el trámite tiene los grados de subcomisarios hasta comisarios mayores. Todos ellos perciben sueldos de entre 27.000 y 50.000 pesos. Sobre estos sueldos, en forma proporcional, se descontarán los días de suspensión.
Los comisarios generales y las máximas jerarquías ya cumplieron con el trámite, según trascendió en las últimas horas.
Para el caso de los integrantes de la fuerza de seguridad el decreto obliga a declarar bienes a uniformados con rango igual o superior al de subcomisario o equivalente, personal de categoría inferior a cargo de una comisaría, personal que maneja fondos públicos o que administre patrimonio público, entre otros.
La norma ya había sido establecida mediante el decreto 116, con fecha del 29 de febrero. Pero luego, la Provincia buscó darle sustento legal y por esa razón giró un proyecto al Parlamento. La exigencia no sólo alcanza a policías sino que comprende además a otros funcionarios.
Según ese texto, los funcionarios comprendidos están obligados a la presentación de esta declaración, “aun cuando se desempeñen en el cargo en forma transitoria”, y afecta a la gobernadora, vicegobernador, ministros, secretarios y directores, hasta fiscales de Estado y miembros del Consejo de la Magistratura representantes del Poder Ejecutivo.
También, la medida abarca al personal Superior de la Administración Centralizada y Descentralizada, como así también a efectivos de la Policía y del Servicio Penitenciario “con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una Comisaría”.
Incluye, además, al presidente, miembros del directorio y personal que intervenga en el manejo de fondos públicos de empresas, sociedades y otros entes bajo la órbita o participación del Estado.
Asimismo, se contempla al personal que intervenga en el “manejo de fondos públicos, administre patrimonio público, integre comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes y/o servicios, participe en licitaciones y concursos; y jefes de personal o recursos humanos”.
“Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud del ejercicio del poder de policía”, dice el texto.
La iniciativa impulsada por Vidal fue aprobada en la Cámara de Senadores. Pero el trámite de sanción de la ley no se completó en Diputados y el debate quedó para después del receso de invierno.
Fuente: El Día.