Días pasados ingresó al Concejo Deliberante de Puan un proyecto de ordenanza tendiente a crear el Código de Ética Pública del municipio.
La iniciativa establece, entre otras pautas, que funcionarios y ediles deberán presentar una declaración jurada de bienes personales y de su familia directa al momento de asumir.
Además, les prohíbe tener vínculo directo con proveedores o concesionarios, así como utilizar los recursos municipales en beneficio propio.
El autor de la iniciativa es el edil Rubén Ceminari (GEN), quien dijo a La Nueva que es prioritario contar con una herramienta que brinde más transparencia a la gestión pública y detalle las pautas bajo las cuales deben regirse todos los funcionarios y empleados del Estado comunal.
“Este es un paso más para combatir la corrupción en todos los niveles de la administración pública. Hoy en Puan no hay un boletín oficial donde se plasme el estado de las finanzas, las contrataciones, los gastos en obras o siquiera los sueldos de los funcionarios”, dijo el concejal.
Ceminari destacó, en los fundamentos de su proyecto, que el código apunta a evitar que los funcionarios utilicen las “prerrogativas del cargo para la obtención de beneficios personales”.
También consagra la publicidad de los actos de gobierno “para posibilitar el conocimiento, comprensión y control por parte de los habitantes del municipio”.
Las claves del proyecto
1) El proyecto estipula que quienes asuman funciones en el departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante o el juzgado de faltas de Puan deberán presentar una declaración jurada en la que consten: bienes propios y de su matrimonio, de su cónyuge, de convivientes y de hijos menores; capitales invertidos en títulos, acciones, explotaciones personales o sociedades; deudas de cualquier tipo; depósitos bancarios; e ingresos anuales por actividades del ámbito privado.
2) También exige a los funcionarios y empleados a desempeñarse con “honestidad, integridad y buena fe”, y a evitar gastos o usos indebidos de recursos. En este marco, les prohíbe usar el patrimonio municipal con fines personales, proselitistas o político-partidarios, o recibir obsequios en atención al ejercicio de su función.
3) El proyecto también condena los actos discriminatorios por cualquier motivo, especialmente el ideológico, y ordena a los funcionarios y empleados a que den curso a cualquier denuncia que reciban por una violación al código de ética.
4) El proyecto también estipula que ningún funcionario puede ser proveedor por sí o por terceros del Estado municipal, y tampoco tener relación directa con empresas o personas que exploten concesiones o sean proveedores.
5) También está prohibido que mantengan vínculos que “le signifiquen beneficios u obligaciones con entidades directamente fiscalizadas” por su área.
6) El código prohíbe además la superposición de cargos públicos y niega la posibilidad de que un mismo funcionario pueda definir una privatización o concesión de un servicio y, con posterioridad, asuma el rol de controlarla.
Fuente: La Nueva.