La Justicia declaró nulas las 11 declaraciones de trabajadores rurales que fueron rescatados en 2015 en un campo de Coronel Suárez, donde suspuestamente eran explotados.
La Cámara Federal de Bahía Blanca coincidió en que las personas rescatadas de la estancia "La Emilia" -a 140 kilómetros de Bahía Blanca- testimoniaron sin control judicial, sin aviso previo al Ministerio Público, ni asistencia psicológica.
Los trabajadores fueron encontrados durante un operativo.
En esa oportunidad, detallaron ante los representantes del Ministerio Público cómo habían sido engañadas, trasladadas y explotadas laboralmente en el campo dedicado a la cosecha de papa y responsabilizaron al dueño.
Sin embargo, cuando fueron trasladados a la Defensoría de Santiago del Estero, los testimonios fueron contrarios a los que habían prestado en primera instancia.
Dos de los acusados -socios y propietarios del predio- permanecieron prófugos durante 4 meses, en tanto que se sospecha que el cuadrillero fue el encargado del reclutamiento.
La fiscalía planteó la nulidad de esas declaraciones en un escrito firmado por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo.
En agosto se amplió la imputación al dueño del campo por el delito de lavado de dinero ya que, a partir de la investigación, "se desprende palmariamente que el activo de esa sociedad proviene (al menos, en parte) de negocios ilícitos".
En cuanto al patrimonio del primer acusado, se determinó que integra la sociedad ‘Agropecuaria C & V SRL’ desde el año 2010 y se dedica al cultivo de hortalizas.
Los fiscales agregaron: "Lo cierto es que explotaba el establecimiento rural (y por tanto a los trabajadores) junto a su socio" con roles diferentes pero con el mismo beneficio sobre las ganancias.
La causa se inició a raíz de una denuncia anónima recibida en la delegación Tres Arroyos del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) que sostenía que en el campo allanado existían personas que estaban siendo explotadas laboralmente.
Como consecuencia, en marzo de 2015 se realizó un allanamiento en el predio dedicado a la cosecha de papa y fueron rescatadas las 11 víctimas.
Los trabajadores vivían en casillas precarias que ellos mismos habían construido con chapas y nylon.
No contaban con servicios sanitarios, ni condiciones mínimas de higiene.
La comida era provista por el imputado y se les descontaba del salario, que nunca cobraron al igual que el costo del pasaje que utilizaron para trasladarse desde Santiago del Estero.
Fuente: La Nueva.