Más allá del regreso o no de los servicios ferroviarios a la Capital Federal, la realidad indica que el corte de los trenes de Ferrobaires dispuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal implica la muerte de la empresa ferroviaria bonaerense.
Ninguna de las alternativas serias que se manejan hoy por hoy para restablecer los convoyes incluye el regreso de Ferrobaires, sino más bien la irrupción de la empresa Trenes Argentinos como protagonista del rescate, por parte de la Nación, de los restos de la prestataria provincial nacida en 1993.
Nacida como Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP), y pese a quienes quieran destacar su rol de haber mantenido el ferrocarril en la Provincia, lo cierto es que en estos 23 años, por desmanejos, malas decisiones y casi nula inversión, terminó siendo un servicio virtual y no una realidad concreta capaz de garantizar, con trenes dignos, el transporte de miles de bonaerenses que no merecieron viajar --por más que los boletos hayan sido baratos-- en formaciones inseguras, lentas, provistas de baños, asientos, luces y ventanillas en deplorable estado.
A la hora del balance, quizás sea momento de pedir cuentas no solo a quienes tienen la obligación de garantizar la circulación de los trenes de pasajeros (en buenas condiciones), sino también a quienes fueron los responsables del vaciamiento sufrido por Ferrobaires en estas dos décadas de funcionamiento.
Por ejemplo, en 23 años perdió 1.099 kilómetros de vías, dejó de prestar muchísimos servicios y “por arte de magia” redujo el 90% de las locomotoras y el 80% de los vagones que tenía dos décadas atrás.
Pero no todo fue achique: hoy posee 2,5 veces más empleados que hace 15 años y multiplicó por 13 su presupuesto desde 2003.
En 2013, según un informe realizado por los entonces diputados provinciales del FAP Alfredo Lazzeretti y Ricardo Vago, y en una tendencia que hoy parece haberse agravado, Ferrobaires recaudaba por venta de pasajes menos del 10% de su presupuesto, siendo el servicio subsidiado en más del 90% de su presupuesto de funcionamiento.
Hasta el golpe de muerte decretado ahora con el corte de los servicios, a nivel dirigencial la situación no estaba mucho mejor con el actual gobierno, sobre todo porque la delegada de la Dirección Provincial de Ferrocarriles, Laura Rippa, dijo días atrás que el titular de Ferrobaires, el coronel retirado Fernando Dotti, había admitido no entender nada de trenes.
Rippa señaló: “Nos alquilan las locomotoras al Grupo Solana-Dhasa, a Ferrosur”. Y alertó: “La gobernadora no firmó los contratos, salieron firmados por la administración de Ferrobaires. No sabemos si está autorizado por la Gobernación o no. El tema es que nosotros no somos una inmobiliaria, somos una empresa de transporte, si no tenemos locomotoras, ¿cómo se reactivan los servicios?”. Evidentemente, el destino es otro y, en el mejor de los casos, pasa por la nacionalización.
Días atrás, en diálogo con La Nueva.com, el intendente Héctor Gay dijo que el admnistrador de Ferrobaires le adelantó que iba a investigar la presencia de numerosos ñoquis en la empresa, aunque aclaró que en Bahía Blanca no se dan estas situaciones entre los 200 empleados, cuyo puestos laborales están garantizados.
Mientras iba reduciendo servicios, en estos años la empresa no hizo más que sumar personal. Entre 1993 y 2007 el número de empleados se mantuvo en 1.300, pero ese año el gobierno de Felipe Solá incorporó 600 nuevos trabajadores (301 a la planta permanente y 299 a la temporaria).
Más tarde la modalidad fue repetida en 2013 (también un año electoral) por Daniel Scioli, quien sumó a la planta permanente 800 empleados y otros 299 de la temporaria, totalizando 2.699, que son los que revistan en la actualidad.
Fuente: La Nueva.