La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) presentó ante la Justicia en lo Penal Económico una denuncia penal por apropiación indebida de los aportes correspondientes a los trabajadores de 16 empresas que forman parte del Grupo Económico encabezado por Lázaro Báez.
Las firmas que realizaron la maniobra relativa a la falta de ingreso de los aportes de sus empleados en tiempo y forma, y que pertenecen al Grupo Económico de referencia son Epser SA, Austral Construcciones SA, Austral Agro SA, Badial SA, Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Kank y Costilla SA, Valle Mitre SA, Alternativa SA, Alucom Austral SRL, Constructora Patagónica Argentina SA, Diagonal Sur Comunicaciones SA, Consultora Magma SA, Servicio Integral Alem SRL, M & P SA, Don Francisco SA y Sucesión Biancalani Adelmo.
La denuncia quedó radicada en el Juzgado en lo Penal Económico N° 1 del Dr. Ezequiel Berón de Astrada -Causa 539/16-, toda vez que las empresas más representativas del grupo registran o han registrado al momento de la consumación del delito domicilio fiscal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, como el caso de Epsur SA, Austral Agro SA y Austral Construcciones SA, esta última generando un cambio de domicilio el 9 de diciembre de 2015 a la localidad de Río Gallegos.
La maniobra se detectó en diversos períodos comprendidos entre enero de 2010 a la fecha, donde las firmas en cuestión retuvieron los aportes sobre los sueldos abonados a los empleados sin depositarlos a la AFIP a los vencimientos respectivos, ni dentro del plazo de 10 días hábiles posteriores.
La denuncia comprende a los responsables y/o las personas que resulten autores, coautores, cómplices, encubridores o instigadores de los hechos cometidos en beneficio de las firmas mencionadas.
A través de las actuaciones administrativas se formó la convicción de la existencia de un grupo económico compuesto también por otras empresas con domicilios en Río Gallegos, en Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y en Resistencia, Chaco.
El monto de los aportes retenidos y no ingresados en término asciende a más de $ 223 millones, situación contemplada en el Art. 9° de la Ley Penal Tributaria y Previsional.
Asimismo el organismo fiscal solicitó embargo preventivo o inhibición sobre los bienes con los que cuentan las empresas y sus responsables, teniendo en cuenta que la empresas referidas actualmente registran cheques rechazados por más de $ 57.000.000, lo que hace presumir la dificultad en la cobranza de los montos apropiados indebidamente por el grupo en cuestión.
La Ley Penal Tributaria y Previsional prevé la aplicación de penas de prisión de 2 a 6 años por este tipo de hechos.
Fuente: Infobae.