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Vidal va por la Policía Judicial el año que viene.
La gobernadora de María Eugenia Vidal evalúa darle inicio, luego de cuatro años de su creación, a la Policía Judicial.
La idea que tiene el Gobierno es incluir dentro del proyecto de ley de presupuesto para el año que viene una partida para dicha fuerza policial.

Creada en 2012 mediante una ley que aprobó la Legislatura provincial, la Policía Judicial es concebida como un cuerpo de investigaciones al servicio de la Justicia.
Si bien no se espera que, de haber el dinero necesario para que se incluya en la ley de leyes, esté funcionando en 2017, a Vidal la seduce la idea de tener un cuerpo de investigaciones nuevo, sin los vicios de “la maldita policía”.
Ante ese escenario, en los pasillos de Tribunales ya vislumbra la posibilidad de una interna entre esa fuerza y la Policía Bonaerense. “En un día asaltaron a tres intendentes porque Vidal quiere que las DDJJ de los jefes sean públicas. Imagínate si tienen que compartir jurisdicción con una fuerza que se va a crear de cero”, sostuvo una calificada fuente judicial con más de 40 años en la Justicia.
A fines del año pasado, la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, anunció que concluyó la tarea de evaluación para la selección de autoridades del cuerpo de investigadores judiciales que dependerá de la órbita del máximo tribunal y que tendrá una próxima inauguración en los departamentos judiciales de Mar del Plata y Junín, para luego ampliarse al resto de la Provincia.
En 2012, la Cámara de Diputados sancionó la Ley de Policía Judicial. Allí se estipuló que sería una fuerza civil que trabajará guiada por un fiscal.
Los investigadores tendrán competencia en todos aquellos casos en los que, debido a la estructura organizativa de los autores, a las características propias de la comisión del hecho ó la complejidad requerida para la investigación, los Agentes Fiscales dispongan su intervención.
También en la investigación de homicidios dolosos o cometidos en ocasión de otro delito; en la de actos ilícitos perpetrados por funcionarios públicos y miembros de las fuerzas de seguridad y penitenciarias con motivo o en ocasión de sus funciones.
Su trabajo estará dirigido en forma exclusiva al esclarecimiento de los hechos, mediante la búsqueda, recolección y análisis de elementos de prueba.
Fuente: La Tecla.

 
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