En el marco de la investigación por la ruta del dinero K, el juez Sebastián Casanello procesó con prisión preventiva al empresario Lázaro Báez, a su hijo Martín, a Daniel Pérez Gadín, y a César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Perez Gadin. Asimismo, el magistrado ordenó trabar embargos por 100 millones a todos los imputados, menos al hijo de Pérez Gadín, a quien lo embargó por un millón de pesos.
Remarcando la necesidad de recuperar activos, Casanello ordenó el secuestro y embargo de los vehículos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma "Top Air", así como la inmovilización y congelamientos de todos los fondos de las cuentas bancarias de aquellos. Casanello dispuso asimismo la tasación de más de cincuenta inmuebles pertenecientes a los procesados (principalmente atribuidos a la familia Báez) conformados por viviendas, lotes y chacras: igual medida adoptó respecto de las firmas "SGI Argentina S.A.", "Helvetic Services Group S.A." y "OACI S.A.".
Las imágenes de los videos de "La Rosadita", donde los imputados contaban millones de dólares en efectivo, fueron determinantes para construir la acusación: Báez habría lavado mediante la financiera SGI plata de la evasión fiscal de Austral Construcciones, por lo que Casanello investiga una maniobra con facturas apócrifas que involucraría a la AFIP, por presunto encubrimiento del accionar del empresario patagónico. Por ese motivo, citó a declaración indagatoria a Echegaray y al ex titular de la Dirección General Impositiva de la AFIP, Rubén Ángel Toninelli, para el 3 y 4 de mayo respectivamente, y decretó además la prohibición de salida del país para ambos
A su vez, el magistrado ordenó la captura nacional e internacional de Jorge Chueco "a fin de recibirle declaración indagatoria". Se trata del abogado vinculado a Báez que se encuentra desaparecido desde hace varios días, por lo que era intensamente buscado en Misiones, donde fue visto por última vez tras abandonar el hotel donde se alojaba, aunque se sospecha que podría haber cruzado la frontera a Brasil o Paraguay.
En otro orden de medidas, el juez federal designó veedores informantes en la empresa Austral Construcciones, propiedad de Báez, a fin de que controlen su giro comercial y su patrimonio: tendrán derecho a asistir a las reuniones de directorio con facultades para pedir toda la información necesaria para llevar a cabo la función asignada.
Paralelamente, Casanello entendió el juez que debe convocarse a que presten declaración indagatoria al empresario chaqueño y mano derecha de Báez, Julio Mendoza; al abogado de cabecera de Austral Construcciones Claudio Bustos; a Eduardo César Larrea; y al directivos de la firma Helvetic Group, Néstor Marcelo Ramos, respecto de los cuales asimismo prohibió la salida del país e inhibió sus bienes.
En línea con aquellas convocatorias, el magistrado ordenó además que se amplíen las declaraciones indagatorias de Lázaro y Martín Báez, fijando audiencias para el 5 y 6 de mayo, respectivamente. Casanello también requirió la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objeto de "identificar y localizar" todo tipo de bienes que los imputados, como así también las empresas que integran o de las que se beneficiaron, puedan registrar en otros países, "en miras de articular la recuperación de activos, productos o instrumentos de las actividades ilícitas".
De igual manera, el juez federal libró nuevamente exhortos a Suiza, Belice, Panamá, Estados Unidos, Uruguay y España. Finalmente, el juez Casanello dispuso la extracción de testimonios para investigar "distintos hechos vinculados con las declaraciones prestadas por los empleados de SGI, así como lo informado por el Servicio Penitencia Federal y el Ministerio de Seguridad de la Nación en el marco de unos sucesos ocurridos en el ámbito de las detenciones de Báez y Pérez Gadín".
Fuente: Infobae.