Las facturas de luz en toda la provincia de Buenos Aires incluyen siete gravámenes, impuestos o contribuciones (dos nacionales y cuatro provinciales) que, al aplicarse simultáneamente, incrementan en más de un 50% el valor total de lo que consumimos, lo que ubica a Buenos Aires como el distrito con mayor carga impositiva sobre la facturación eléctrica.
Pero la polémica no termina con el recargo que representa el cobro de estos impuestos. Algunos de ellos debieron eliminarse hace tiempo, ya que fueron creados para cumplir con determinadas finalidades que ya fueron concretadas.
Dos claros ejemplos son las contribuciones del “fondo para Santa Cruz” y “laguna La Brava”, dos obras concluidas hace años cuya recaudación hoy termina en rentas generales.
Un grupo de diputados provinciales, entre los que se encuentra el legislador del Frente Renovador Pablo Garate, impulsan varios proyectos para derogarlos.
Estos son los 7 impuestos que se aplican a las facturas de luz
1- IVA: El ya conocido impuesto nacional al valor agregado. El 21 % a casi todos los bienes y servicios que adquirimos. Fue creado en 1975 y su aplicación a los servicios públicos ha sido duramente cuestionada al considerarlo un impuesto sumamente regresivo y en una pesada carga para la población de menores ingresos.
2- Ley 11969 72 bis: Representa un 0,60% del subtotal de la factura. Es una contribución de Edes al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sustituible al pago de impuesto inmobiliario, a los automotores, de sellos y de ingresos brutos. Es como un adelanto a dicho impuesto, pero transferible al consumidor. Es decir, Edes, con el aval del Gobierno, le transfiere al usuario parte del costo de sus impuestos.
3- Ley Prov. 11969 72 ter: Suma otro 6%. Es igual a la anterior, pero sustituible a todo gravamen o derecho Municipal.
4- Ley Nac. 23.681: Agrega otro 0,60% a nuestro consumo y es uno de los gravámenes polémicos. Se lo conoce como el “Fondo de Santa Cruz” y se creó para destinarlo a la Empresa de Servicios Públicos Sociales del Estado de la Provincia de Santa Cruz para financiar su interconexión al sistema interconectado Nacional (S.I.N). Se cobra en todo el país desde hace 26 años y la obra concluyó en 2013. Sin embargo, el Estado Nacional lo mantiene como un ingreso más a rentas generales. La ONG bonaerense Consumidores Responsables sumó una petición a Change.org para derogarla.
5- Ley Prov. 7290: Representa un 10% del subtotal y es la máxima contribución después del I.V.A. Se trata de un aporte que se cobra desde 1967 a todos los usuarios para financiar los estudios, proyectos, obras y adquisiciones necesarias para mejorar y expandir los sistemas y servicios públicos de electricidad existentes dentro del territorio bonaerense. Para un grupo de diputados bonaerenses su finalidad ya ha sido cubierta y piden su derogación.
6- Ley Prov. 9038: Este nos toca de cerca y es otro de los impuestos polémicos. Nos incrementa un 5,5% la factura y su finalidad ya se cumplió hace décadas. Comenzó a cobrarse en 1978 para financiar la obra de la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava – Central Luis Piedrabuena. Lo insólito es que la obra ya se inuaguró en 1988 y de todas formas se sigue cobrando.
7- Ley Prov. 11769: otro gravamen oneroso para los usuarios. Suma otro 8% al valor de la factura. Se denomina “Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias” y se creó para “Compensar las diferencias de costos propios de distribución, reconocidos, entre los distintos concesionarios provinciales y municipales, permitiendo que usuarios de características similares de consumo, en cuanto a uso y modalidad, abonen importes equivalentes ante similares cantidades de energía eléctrica consumidas, independientemente de su ubicación geográfica y forma de prestación”.
Fuente: La Brújula.