La gobernadora María Eugenia Vidal retomó la iniciativa política tras la noticia de su separación matrimonial: presentará las leyes de emergencia de seguridad y administrativa. Además, la Cámara de Diputados aprobó anteayer la emergencia en infraestructura.
De todo este paquete, la emergencia de seguridad suscita la mayor expectativa. Prevé la reestructuración de jefaturas y superintendencias de policías, la creación de una agencia provincial de lucha contra el narcotráfico y delitos complejos, además de la autonomía de la Dirección de Asuntos Internos.
Vidal anticipó que volverán los ascensos por junta de calificación y que los policías, desde el rango de suboficial, deberán presentar sus declaraciones juradas. "Todos tienen que rendir cuentas", dijo.
El anuncio más audaz es el traspaso de las policías locales a los municipios. Para ello, la Legislatura tendrá que aprobar una norma que permita girar fondos para que los 20.000 efectivos de la Policía Local pasen a depender de los distritos.
La Legislatura ya comenzó a trabajar en otras reformas pedidas por Vidal. Anteayer, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la emergencia en infraestructura, que exime de los mecanismos tradicionales de licitación y aspira a triplicar la inversión en obra pública. Vidal busca paliar el déficit en infraestructura y agilizar trámites administrativos: podrá ejecutar obras y contratar bienes y servicios, con cualquier modo de contratación.
Los ministerios y demás entes podrán rescindir, renegociar, aumentar o bajar hasta un 35% de las prestaciones y montos ofertados en los contratos por el contratista. Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer por un año la intervención de todos los entes, empresas y sociedades del Estado. Por cuerda separada, la gobernadora impulsará una emergencia administrativa y tecnológica y un plan de modernización del Estado.
Para Vidal, los plazos actuales de las licitaciones son inviables. La declaración de emergencia busca establecer un procedimiento eficiente y ágil para garantizar la provisión de bienes y servicios, sin alterar los principios básicos de las compras públicas: todo proceso se debe publicar en el Boletín Oficial y en la página web del ministerio. Además, se debe notificar a las cámaras que se hayan adherido.
Asimismo, antes de la adjudicación intervendrán los organismos de control con tres días de plazo. Se solicitarán tres ofertas, y también se aceptarán las que surjan espontáneamente, dado que se garantiza la publicidad de los procedimientos.
Fuente: La Nación