La política de despidos en el Estado nacional aterrizó en el Ministerio de Justicia. Al igual de lo que ocurre en otras áreas, en la dependencia que conduce el radical Germán Garavano echaron a 486 empleados públicos. Según informaron desde la cartera, el personal cesanteado había ingresado después de julio de 2015 y que nunca se habían presentado a trabajar, desde que asumió Mauricio Macri en el poder.
Gran parte de la "purga" tuvo lugar en la secretaría de Derechos Humanos, que condujo hasta 2015 el camporista Julián Álvarez, y en el área de acceso a la Justicia (CAJ). También hubo desvinculaciones en Verdad y Justicia, dedicada al seguimiento de los juicios por la verdad y el portal de noticias Infojus, el órgano de difusión del Ministerio.
Garavano avanzó con los recortes a pesar de que mañana iba a juntarse con los sindicatos estatales ATE y UPCN para analizar la situación de los empleados del Ministerio.
El gremio ATE, que encabeza la resistencia a los despidos en el Estado nacional y ya protagonizó una jornada en frente de la ex ESMA, expresó su malestar por las desvinculaciones. En la reunión del miércoles, presentarán una lista con trabajadores que, en su opinión, fueron echados injustamente.
"Tenemos comprobado que la inmensa mayoría de despedidos trabajaba en Justicia, incluso muchos de ellos hacía 4, 6 años. Y hasta que Garavano no nos demuestre lo contrario, para nosotros todos son empleados que deben volver a sus puestos", afirmó Daniel Catalano, de ATE Capital, a Ámbito Financiero.
Por ejemplo, algunos de los despidos que formaban del informativo Infojus prestaban tareas técnicas precisas. Según señalaron los trabajadores en un comunicado, serían 10 los cesanteados entre los que había editores, redactores, fotógrafos y productores audiovisuales. En el mismo grupo puede incluirse los de Verdad y Justicia, un área creada en 2007 y encargada de promover el desarrollo de los juicios de lesa humanidad, de investigar los crímenes del terrorismo de Estado y evaluar el riesgo de los testigos.
En cambio, otros recortes de personal estarían vinculados a incorporaciones "políticas", como los CAJ que, pese a haber sido creados para facilitar el acceso a la Justicia, en la práctica habrían "funcionado como despliegue territorial de La Cámpora".
Más allá de si el Ministerio contrató personal idóneo o bien incorporó a militancia rentada o "ñoquis", lo cierto es que la planta del ministerio de Justicia se duplicó en estos años y pasó de 3.000 a 6.000 empleados durante la gestión del ex ministro Julio Alak. Por eso, está bajo la mira el eslabón más débil de la cadena, como los famosos empleados "precarizados" y los que están en planta transitoria. Los gremios están en alerta: el proceso de revisión recién arrancó y tendrá un nuevo capítulo en marzo, cuando finalice la prórroga de los contratos por tres meses que dispuso la gestión macrista.
Fuente: Infobae.