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Tras 22 días, el Ejecutivo y los municipales no logran sellar un acuerdo.
Cronología de un diálogo de sordos y verdades a medias.
Continúa el fuego cruzado y se profundiza el resentimiento de servicios.
El Ejecutivo ordenó blindar el Palacio Municipal y todas las dependencias oficiales con personal policial que controlan el acceso a los mismos.

Lo que comenzó siendo un reclamo para que el Concejo Deliberante rechace un proyecto de Ordenanza elevado por el Ejecutivo que a juzgar por el gremio daba por tierra los acuerdos previos alcanzados con el Intendente Moccero, lo que significaba perder el 3% del pago por Antigüedad y el pase a planta Provisional del personal Temporario continúa hoy, 22 días después con un conflicto que parece no tener fin.
El 22 de diciembre pasado, tras 2 días de tensión y varias reuniones, el Deliberante sesionó ante un auditorio colmado de trabajadores municipales y por unanimidad le giraron nuevamente al Ejecutivo su proyecto de Ordenanza por lo que éste se vio obligado a negociar en la mañana del miércoles 23 de diciembre un acuerdo para poner paños fríos en la segunda semana de gestión. Ese mismo mediodía del miércoles el Intendente Palacio y los representantes gremiales sellaban un acuerdo por el cual el Ejecutivo se comprometía a pagar un bono de dos mil pesos durante el mes de enero, sumado a otros cuatro mil pesos que se negociarían durante las Paritarias, al igual que Palacio se comprometió a no dejar cesante a ningún agente municipal. Por la tarde, en conferencia de prensa, se hicieron los anuncios formales y se retomó el servicio de recolección de residuos que estaba incumplido desde el sábado anterior.
Con cronograma reducido por los asuetos de las fiestas, el servicio de recolección se brindó normalmente hasta el 31 de diciembre, retomándose el sábado 2 y el lunes 4; éste fue el último día que los agentes municipales ofrecieron el servicio de recolección.
Por un “error de comunicación” entre los funcionarios, según el Ejecutivo, se le cortó el contrato a 60 trabajadores municipales. Claro que en la práctica formal los contratos caducaron el 31 de diciembre, pero habitual y sistemáticamente eran renovados, de hecho otros casi 200 agentes contratados fueron “recontratados” bajo la misma modalidad.
Esta práctica, verbal, sin documentación escrita que certifique la caducidad del contrato -como se estila en la administración pública- puso en estado de Alerta y Movilización al Sindicato de Trabajadores Municipales que como primera medida, el martes 5, bloqueó el acceso al Corralón Municipal, impidiendo que de allí salgan los camiones de la recolección y demás herramientas.
Es de destacar, que ante iguales circunstancias de conflicto que años anteriores –salvo durante la gestión de Fuentes Lema en la que no hubo conflicto con los municipales ya que se pactaron acuerdos salariales-, el nuevo Ejecutivo no cortó el diálogo con los representantes legales y más allá de no llegar a un acuerdo no han dejado de reunirse, sin embargo es de evaluar hasta donde el diálogo es beneficioso si no hay un contenido de fondo que de alguna solución o un principio de acuerdo.
Por estas horas el gremio le reclama al Ejecutivo que otorgue un 25% de incremento al básico para compensar con la pérdida de poder adquisitivo que se ha sufrido en los últimos dos meses; de la misma manera reclama que se reconozca el porcentaje al básico que se pactó con el Intendente Interino Osvaldo Fuentes Lema para el mes de octubre y que el Intendente Moccero no cumplió.
Todo lo anterior, sumada a la fricción por dichos del Ejecutivo en que aseguraba que no habría dinero para pagar sueldos y aguinaldos si no llegaba un auxilio financiero de la provincia generó malestar entre los trabajadores que cobraron el aguinaldo en los últimos días del año y su sueldo el 5 del corriente mes, dejando en evidencia que nunca fue necesario el auxilio financiero del que se hablaba, sin embargo resta el pago de los dos mil pesos de bono de fin de año que se firmó el 23 de diciembre y que en un principio se pagaría esta semana pero ha trascendido que se hará efectivo con los haberes a cobrar antes del 5 de febrero, al igual que se encuentra impaga una importante deuda “heredada” con proveedores para lo que seguramente sí será necesaria una ayuda provincial.
Volviendo al estado de Asamblea Permanente, continúa el fuego cruzado entre las partes. El Ejecutivo acusa al gremio de poner en riesgo la salud de la población por la no recolección de residuos y el gremio responde diciendo que dicho servicio no está contemplado en la legislación vigente como “servicio esencial” –los cuales se están cumpliendo- y advierte que “el Ejecutivo pone en riesgo la vida de los voluntarios que se encuentran recolectando los residuos que ya que no están capacitados, amparados por la ley, ni con las medidas de seguridad mínima para efectuar tal servicio”. Advertencia gremial que no se alejó de la realidad ya que en la mañana del lunes 11, mientras el gremio tomaba el control del acceso a la Vialidad Municipal, un voluntario sufrió una caída mientras recolectaba residuos en un camión municipal de la Delegación del Pueblo San José.
Paralelo al conflicto local se ha abierto un estado similar en toda la provincia dado que con fecha 15 de diciembre la Gobernadora María Eugenia Vidal rubricó un decreto que debe ser sometido a tratamiento por las cámaras de Diputados y Senadores de la provincia por el cual se prorroga por 180 días -6 meses- la puesta en vigencia del artículo 3º de la ley 14.656 que regula las paritarias y convenios colectivos de trabajo del agente municipal provincial, devolviéndole los derechos que le quitó hace dos décadas la ley 11.757 por lo que este jueves los municipales de la provincia marcharán hasta la legislatura provincial en la jornada en que se tratará el Presupuesto provincial conjuntamente con este decreto anexo.
En este último sentido el Sindicato de Trabajadores Municipales local emitió un comunicado en el que expresa qué “¡Los que venían a “restaurar la república y las instituciones” derogan una Ley por decreto!”.
Finalmente, en las últimas horas el Ejecutivo requirió la intermediación del Ministerio de Trabajo provincial al igual que blindó el Palacio Municipal con personal Policial, controlando el acceso al mismo solo por Alsina 150 con el objetivo de “resguardar los bienes y patrimonio propiedad del Municipio”. Ante esta medida el gremio se preguntó: “¿Los campeones del diálogo sólo saben apelar a la fuerza bruta?”.
Días antes Roberto Palacio había estimado que el día 14 o 15 podría acercarles una propuesta de reoposición salarial a los trabajadores pero tras su aprobación vendrán tiempos de nueva negociación por el no descuento de los días no trabajados, por lo que no será esta la semana en la que el conflicto que mantienen el Ejecutivo y el STM tendrá una solución definitiva y se podrá liberar así a los ciudadanos de Coronel Suárez que son rehenes involuntarios de las negociaciones que han dejado al distrito sin recolección de basura, reparación de cañerías, reparación de calles y caminos, corte de pastos en ramblas y rotondas, mantenimiento de parques y plazas, reemplazo de luminarias del alumbrado público fuera de servicio y otra infinidad de servicios que se han visto resentidos en los últimos veinte días…

 
 
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