En el puesto uno del portón de la Unidad 30 de alta seguridad, debía haber tres guardias. La noche de la fuga hubo uno solo. Cuando los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, vieron al carcelero, se pusieron nerviosos. "Esto es una cama, acá no tendría que haber nadie, eso es lo que arreglamos", dijo uno de ellos, según relató el guardia del portón. Pensaron en una emboscada y en que el revólver no les iba a servir de mucho.
Pero para su sorpresa, reducir al guardia fue un simple trámite. El hombre no opuso resistencia. Estaba asustado. El vigilante era un Testigo de Jehová que no portaba armas porque su religión se lo impide.
¿Hay fuerzas de seguridad en el mundo que reclutan a religiosos que detestan las armas?
La corrupción del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) alcanza a todas las capas. Algunos de los guardias utilizan una página de Facebook de compra y venta de toda clase de artículos, que armó de buena fe la gente de General Alvear, para ofrecer los celulares y pertenencias que requisan a los presos.
Esto no impide que haya oficiales que cumplen con su tarea. Por caso, las advertencias sobre reforzar las guardias sobre los prófugos llegaron en tiempo y forma. Algunas desaparecieron porque a los sobornados no les conviene su existencia.
Por caso, el 5 de agosto, cuando la jueza de Ejecución Penal Nro 1 del Departamento Judicial de Mercedes, Marcela Otermín, ordenó reubicar a los hermanos Lanatta en el sector de "mayor vigilancia" del penal, se envió un memorando al jefe del Complejo Penitenciario Zona Centro, Inspector Mayor, Jorge Bolo para que los coloque en donde haya un "registro fílmico permanente" y que "deberá adoptarse un servicio de custodia permanente e ininterrumpido, durante las 24 horas".
El servicio debía contar con un oficial experimentado cuyo grado no fuera inferior a Alcalde Mayor acompañado de personal penitenciario subalterno.
Más adelante el memo indica que debe llevarse un libro con todas las novedades y que ese libro debía ser controlado y rubricado a diario por el jefe de Sección Vigilancia y Tratamiento.
El temor a que algo les sucediera era enorme. Días antes, las declaraciones de Martín Lanatta al programa PPT, habían conmocionado al SPB que se vio envuelto en un conflicto político. Que no le sucediera algo a los Lanatta era la prioridad.
El 21 de diciembre otro memorándum reforzó la seguridad en todos los penales permitiendo las requisas sorpresivas. Se pidió que se intensifiquen las recorridas y que aumente el personal de recargo.
Pese a estas advertencias, sobrevino la fuga. El trámite fue burdo. Ahora la gran incógnita no es quien recibió el dinero, sino quien lo pagó. Esa es la clave. La suma fue relevante. Nadie hubiera jugado su cabeza, aunque su retiro estaba cerca, de no haber mediado tanto dinero.
El problema se planteó después de la fuga. La clandestinidad siempre es costosa. El prófugo debe robar constantemente o tener fondos para "comprar la dormida" (pagar a la policía del lugar para que no lo busque en esa zona) y para cambiar de aires con frecuencia para que los vecinos no comiencen a sospechar o a preguntar quiénes son los recién llegados.
Pero cuando hay una recompensa tan grande, todo se complica. El prófugo no tiene paz. Debe caminar disfrazado todo el tiempo. Pueden llegar a usar uniformes policiales o vestirse de mujer. Su cara debe ocultarse porque sabe que puede ser reconocido. Se convierte en un animal acorralado capaz de matar si creen que lo identificaron. La fuga no se sostiene demasiado tiempo en estas condiciones.
Pero solo la identidad del que financió la libertad del trío, puede develar los móviles. Todas las sospechas apuntan a la política. Hay funcionario o funcionarios que no desean que declaren ante un juzgado. Se sospecha que puede correr peligro la vida de los fugitivos y que la cama que pensaron que les harían a la salida del penal, se la estén preparando en otro lugar.
Fuente: Infobae.