A partir de la sanción del nuevo Código Procesal Penal –que requerirá de mayor personal para poder ser puesto en práctica- la puja por los llamados a concursos y la cobertura de cargos se puso en primera plana para los diferentes actores de la Justicia. Cuando de cubrir vacantes se trata, los juegos de conveniencias se ponen a la orden del día dejando, muchas veces, a la búsqueda de consensos y a la transparencia como valores secundarios.
En este plano, después que se llevó a cabo la primera reunión ampliada de la Comisión Bicameral para la Implementación del Código Procesal Penal, desde la Asociación de Magistrados elevaron un planteo formal a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para que se revierta el llamado a concurso para fiscales auxiliares, dado que esta acción fue puesta en marcha días antes que empezara a funcionar la Comisión.
Esta misma postura fue planteada en su exposición en el Salón Azul del Senado por el titular de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato, quien en términos muy duros advirtió que "la Procuración avanza con la implementación de una manera oscura, con un manejo totalmente discrecional de los concursos". Piumato explicó a este medio que harán llegar sus inquietudes formales al presidente de la Comisión –el senador Rodolfo Urtubey- ya que consideran que "la reglamentación confunde cargo con función, violando la ley y perjudicando a los trabajadores".
El reclamo que se asoma apunta a que los actuales secretarios de fiscalías penales de primera instancia se conviertan en auxiliares fiscales, inhabilitando de esta manera los concursos planteados por Gils Carbó. En síntesis, se buscan ascensos dentro del personal existente, en vez del llamado a concurso para el ingreso de nuevo personal.
Infobae accedió a la carta que se envió desde la Asociación de Magistrados a la procuradora Gils Carbó donde buscan abortar la convocatoria para el concurso de auxiliar fiscal en materia penal. "A poco que se ingresa en la lectura de la resolución es posible determinar que la convocatoria se encuentra exclusivamente destinada a funcionarios y funcionarias del Ministerio Público Fiscal de la Nación con cargo equivalente o superior al de secretario de fiscalía de primera instancia, que se desempeñen en las fiscalías nacionales del ámbito correccional, criminal o de menores de esta ciudad", explican desde la Asociación y advierten que se busca "ceñir la convocatoria a un reducido grupo de agentes" lo cual "viola ese principio y afecta otros de rango superior como ser el de igualdad e idoneidad como pilar fundamental de todo mecanismo de selección en la función pública".
En este plano, desde el organismo –en coincidencia con el titular de la UEJN– destacan que la convocatoria para el llamado a concurso de fiscales auxiliares fue llevada a cabo días antes de la sesión inaugural del Consejo Asesor de la nombrada Comisión Bicameral, "ámbito donde, naturalmente, debieron plantearse y consensuarse todas aquellas medidas que se tuviesen en miras para la efectiva puesta en funciones del nuevo sistema procesal penal".
Ante este accionar, es que desde la Asociación pidieron que se revierta el llamado a concurso para el cargo de fiscales auxiliares y se solicitó formalmente que el tema sea debatido ante la Comisión de Implementación, a fin de lograr el consenso con las diferentes instituciones públicas, gremiales, profesionales y asociativas que lo integran. De la mano de este reclamo, asimismo solicitan que el concurso amplíe su convocatoria, para que no sea sólo un grupo cerrado de Funcionarios del Ministerio Público Fiscal el que pueda acceder a los cargos, sino que también se de la posibilidad de participar a los funcionarios de otros ámbitos de la justicia nacional y federal.
"Desde la Procuración se llamó a concurso días antes de la puesta en marcha de la Comisión. Queremos que la Procuración deje de llevar adelante actos unitarios y que recuerde que hay para esto una Comisión Bicameral", sostiene Piumato y anticipa que ya se solicitó formalmente que "se suspensa la resolución de los actos unilaterales de la Procuración, hasta tanto se acuerde un criterio como lo fija la ley".
Fuente: Infobae.