El fiscal federal Ramiro González imputó a Fernando Niembro y Alberto Meza, su socio, en una causa en la que se investiga si hubo lavado de dinero a partir de los negocios hechos entre la administración de Mauricio Macri y el periodista deportivo.
Niembro -quien hasta hace días encabezaba la lista de diputados nacionales de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires- fue dueño de la firma La Usina Producciones, que contrató con la CABA por más de 20 millones de pesos. Su socio era candidato suplente en la misma lista.
El diario Tiempo Argentino reveló el 1° de septiembre pasado una serie de contrataciones por parte de la administración de Macri que favorecieron a la empresa de Niembro por 23 millones de pesos.
Al día siguiente de la publicación de la primera noticia sobre el caso Niembro, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) inició -como reveló Infobae- una investigación preliminar de oficio. Una vez que la Procelac tomó cartas en el asunto, la presidente del Bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura, Gabriela Alegre, aportó documentación sobre nuevos contratos cuestionados. El 11 de septiembre la unidad a cargo del fiscal Carlos Gonella presentó la denuncia que recayó en el juzgado de Sebastián Casanello con la intervención del fiscal Ramiro González. La causa lleva el número °9797/15 y está caratulada como "Rodríguez Larreta, Horacio y otros s/abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".
La denuncia de la Procelac analizada por González señalaba que "Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de 'La Usina Producciones SRL' por un monto total de $19,473,878,30" que nunca fueron otorgadas "a través del mecanismo de licitación pública". También se denunció que la operatoria se hizo a partir de invocar "razones de urgencia, por lo que fueron salteados los mecanismos de la licitación pública". La denuncia -firmada por Carlos Gonella y uno de sus colaboradores, Milton Khaski- pidieron que, ante la sospecha de lavado de dinero, se acumule en la justicia federal el expediente que está en el juzgado de Instrucción 23 donde se investiga si hubo defraudación contra las arcas porteñas. La denuncia describió las particularidades de la firma La Usina: "... carecería de empleados a cargo, no posee página web -algo particularmente llamativo para los tiempos que corren y más aún teniendo en cuenta que se trataría de una empresa ligada al rubro publicitario, según describe su objeto social-, y sus dos únicos clientes durante sus tres años de existencia habrían sido el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires".
La Procelac consideró que pudo haber lavado de dinero a partir de una serie de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) remitidos -el primero en 2013- por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Los denunciantes señalaron que tanto Meza como Niembro "incorporaron a sus respectivos patrimonios diversos vehículos de alta gama". Niembro, según la denuncia, posee un Mercedes Benz A12 C250 Blue Efficiency y Meza es titular de dos AUDI modelo Q5 2.0 FSI Quattro.
La Procelac había denunciado al jefe de Gabinete y jefe de Gobierno electo Horacio Rodríguez Larreta, las ministras de Desarrollo Social y Salud, Carolina Stanley y Gabriela Mabel Reybaud, y al secretario de Comunicación Social, Facundo Gaytán, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la administración pública y administración infiel. La acusación con respecto a los funcionarios, según se desprende de la imputación que hizo González, deberá seguir siendo investigada por el juez de Instrucción Roberto Ponce donde fue denunciado Macri.
González, según fuentes judiciales, pidió una amplia batería de medidas para analizar el patrimonio de Niembro y Meza. Solicitó información a la Administración Federal de Ingresos Públicos, y también al Banco Central de la República Argentina para que los bancos informen si los imputados tienen cuentas bancarias o plazos fijos, por ejemplo. También pidió que distintos organismos públicos establezcan si Niembro y Meza tienen propiedades, autos, barcos, aviones o caballos de carrera. Y además, cuáles fueron sus gastos con tarjetas de créditos.
El fiscal González basó su imputación por lavado de dinero en la hipótesis que planteó la Procelac en la denuncia: "necesariamente ese gran caudal de dinero de origen ilícito (que supera holgadamente la condición objetiva de punibilidad impuesta por el art. 303 del C.P) debió haber sido puesto nuevamente en circulación en el mercado, con la consecuencia posible de que adquiera la apariencia de un origen lícito". El artículo 303 del Código Penal establece en su inciso 1 que "Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí".
El juez Casanello debe decidir si hace lugar a las medidas pedidas por González quien impulsó la investigación por lavado.
Fuente: Infobae.