El oficialismo de Tucumán está dispuesto a dar cuantas batallas se le presenten para que se legitime la elección del 23 de agosto, que lo dieron ganador. El revés de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo que anuló los comicios ya fue apelado. Y antes de recibir respuesta, el partido y la Fiscalía de Estado presentaron sendos recursos de per saltum para que el caso sea tratado por la Corte Suprema provincial.
Además de haber esperado a que se pronuncien sobre la apelación, el kirchnerismo no tardó en cargar contra los jueces Ebe López Piossek y Norberto Salvador Rui, integrantes de la sala que emitió la sentencia. Primero colocó un cartel que los acusaba de traidores en el Palacio de Justicia; luego fueron afiches que los asociaban al dinero; ahora adelantaron que los denunciarán.
Marcelo Caponio, apoderado del FpV en la provincia, confirmó que acusarán ante la Justicia a los dos magistrados. ¿La razón? Entienden que incurrieron en los delitos de prevaricato y sedición con su fallo. "Nosotros queremos que se respete la voluntad popular. Acá hubo 113 mil votos de diferencia", dijo el funcionario.
En declaraciones a la radio La Once Diez, Caponio sostuvo que "la sentencia que anuló los comicios en Tucumán no tiene antecedentes jurídicos en 32 años en ningún lugar del", y afirmó: "Lo tomamos como un golpe de Estado del Poder Judicial".
"Acá hubo 3.700 urnas que funcionaron y no se acreditó el funcionamiento irregular de ninguna mesa", aseveró. Al referirse a la quema de urnas –una de las razones que usó el Acuerdo para el Bicentenario para pedir la nulidad– respondió que "se anularon 16" y que "las quemadas fueron 40". En ese punto, remarcó que entre los responsables había dirgentes de la UCR, cuestión que ya fue aceptada por el candidato a gobernador José Cano.
"Eso no es fraude, es un ilícito que no se puede permitir. Lo han realizado personas inescrupulosas que cometieron un hecho ilícito y hay varios detenidos", acotó.
En otro orden, el apoderado rechazó una posible intervención de la provincia, opción que surgió de las propias filas kirchenristas al advertir que el 29 de octubre vencen los mandatos ejecutivos y que podría no haber reemplazantes entonces. "Nosotros no queremos que haya intervención, no se nos cruza por la cabeza. Es un remedio que ya hemos vivido en la década del 90 y que no es beneficioso para la provincia, es perjudicial. Es lo que menos queremos", manifestó. Y remató: "Si intervienen, tendrán que intervenir los tres poderes".
Repudio opositor
Ante el escrache del que fueron objeto los jueces de la Cámara, la oposición demandó respetar la independencia del Poder Judicial. "Los jueces no pueden ni deben decidir presionados, dejen que la Justicia falle sin presiones, como debe ser en una forma republicana de gobierno", alertó Domingo Amaya, candidato a vicegobernador de Cano.
De visita en la provincia, la diputada Elisa Carrió también acusó hoy a "sectores del PJ" de recurrir al "amedrentamiento" de jueces. "El reclamo de sectores del PJ ante tribunales con carteles que hablan de 'traición' es un modo de amedrentamiento absoluto a las autoridades judiciales", alertó la ex candidata presidencial en diálogo con TN.
Fuente: Infobae.