En momentos en que abundan las versiones de una "tregua" entre el Gobierno y el sector de la Justicia con el que hace tiempo mantiene disputas, el Ejecutivo avanzó ayer con la idea de instrumentar cambios profundos en la estructura de ese poder antes de que venza su mandato. Giró al Congreso cinco propuestas, algunas de las cuales ya habían cosechado severas resistencias a partir de lo que se conoció en los borradores.
El paquete fue enfundado en la Ley de Implementación del Código Procesal Penal. De hecho, ese es el nombre de la Comisión Bicameral que se encargará de la evaluación. Compuesto por ocho senadores y ocho diputados, el cuerpo debatirá las iniciativas a partir de la reunión llamada para el martes 21. En principio, se espera que para la discusión se convoque a especialistas con el objetivo de que opinen sobre cada punto.
Los proyectos ingresaron al Senado el martes por la tarde, pero hasta la noche de este miércoles no habían sido digitalizados. En su versión preliminar, el referido a la aplicación del nuevo Código Procesal preveía que entrara en vigencia de manera gradual y arrancará por el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dejando para una segunda etapa, por ejemplo, a la justicia federal.
un grupo de jueces de Instrucción de la Capital, junto a Camaristas en lo Criminal y Correccional y empleados del fuero analizaron los alcances de la iniciativa y elevaron un documento al Ministerio de Justicia en donde se percibe a la ley como "una trampa que permite el control de la justicia penal de la Ciudad"
No es esa la única medida que ya cosechó críticas. La Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal es, para algunos, una carta que el Gobierno pretende hacer pasar desapercibida y que encarna modificaciones clave en la arquitectura de los fiscales.
El borrador que circuló sobre este punto establece que se deje de lado la organización en espejo con fiscales de cámara o de primera instancia, para avanzar sobre un modelo que se define como más "flexible". El objetivo es que se organice un mapa con diferentes distritos par que en cada uno intervenga un conjunto de fiscales, que actuará bajo la órbita de un coordinador de distrito.
Preocupada por esa disposición, la Asociación de Magistrados solicitó una audiencia con la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para plantear sus reparos, al tiempo que se acordó requerir participar en la discusión parlamentaria. Es que "los fiscales con más años en la función no parecen dispuestos a resignar sus facultades procesales a manos de un colega Coordinador designado directamente por el Procurador General", explicaron fuentes judiciales.
La Ley del Ministerio Público de la Defensa, la Ley Orgánica del Poder Judicial y una reforma a los artículos 59, 71, 73 y 76 del Código Penal completan el paquete. La expectativa ahora está puesta en qué dicen las versiones definitivas de cada texto. Fuentes parlamentarias dijeron a Infobae que la respuesta se podrá consultar mañana en el sitio web del Senado, cuando se carguen para el acceso público.
Fuente: Infobae.