El incumplimiento de la ley perjudica la institucionalidad del gobierno local. El Intendente en uso de licencia, en ejercicio de su mandato como Diputado Provincial, ha generado esta profunda crisis municipal al no haber renunciado a su cargo de Intendente para asumir luego la diputación provincial.
El Diputado Provincial continúa ejerciendo un “rol de intendente” como él inclusive públicamente lo ha manifestado.
De esta forma existe un “doble comando” que hace imposible llevar adelante la administración municipal de manera correcta, ello sumado a la notable inexperiencia e ineptitud de quienes están actualmente ejerciendo importantes responsabilidades gubernamentales (un ejemplo de ello son los hechos recientemente revelados en los Hogares Abrigo de nuestra ciudad).
Este es el principal origen político del desorden y desadministración actual, el cual, no tendrá sincera solución y se repetirá inmediatamente hasta tanto no se le dé fin.
Sin perjuicio de ello, los hechos denunciados los últimos días, sucedidos en los Hogares Abrigo, y que han revelado el desorden y desadministración reinante, ante la posibilidad de constituir un delito penal, deben ser inmediatamente denunciados por los Funcionarios responsables, ante la Justicia para su pronta investigación y dilucidación. Reiteramos, quienes tienen la obligación de denunciar son los Funcionarios Públicos, especialmente el propio Departamento Ejecutivo.
La omisión de denunciar los hechos, ahora públicamente revelados, ante la Justicia, también puede constituir un delito.
Que se entienda bien: la ausencia de denuncia ante la Justicia por parte de los Funcionarios responsables inmediatamente genera el delito por omitir su realización.
Todo lo cual, genera que no solo haya que investigar los hechos ocurridos en los hogares, sino también el origen y causa de la omisión de denunciar por parte de los Funcionarios (Departamento Ejecutivo).
Esta omisión de denunciar del Departamento Ejecutivo, constituye una transgresión que pone en juego el interés general de la sociedad y que genera su responsabilidad política. Esta responsabilidad política se encuentra regulada en la Ley Orgánica Municipal, que en términos generales determina que para casos como el presente la constitución de una comisión investigadora a fin de reunir los antecedentes necesarios para enjuiciar y posiblemente destituir al Intendente.
De esta forma transcurrirá de manera férrea y responsable el actuar de los Concejales de la UCR en estos cruciales momentos y conforme se vayan desarrollando los acontecimientos. Es la propia Administración Municipal y sus funcionarios quienes deben avanzar en la denuncia penal de los hechos públicos revelados la semana anterior.
No resulta necesario ningún acto deliberativo del Concejo Deliberante local para esos fines y para avanzar firmemente.
Inclusive, cualquier Concejal (y especialmente los oficialistas a tenor de sus exposiciones mediáticas recientes y la profundidad que demostraron en el conocimiento de los hechos) de manera individual pueden (deben) avanzar con la misma en al Ayudantía Fiscal Local.
Los Concejales de la UCR que suscriben y nuestro partido, actuarán en consecuencia con lo expresado en la presente.
Pedro Rodríguez, Presidente UCR Coronel Suárez.
Carolina Radice, Carlos Delgado y Ricardo Scheffer, Concejales UCR.
Pablo Martínez, Vicepresidente UCR Coronel Suárez.
Griselda Rodríguez, Secretaria General UCR Coronel Suárez.
Guillermo Sol, Concejal Mandato Cumplido.
Nerina Neumann, Convencional UCR Coronel Suárez.