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El Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca ordenó la suspensión de aplicaciones terrestres con agrotóxicos.
La medida judicial se aplicó ante un pedido de amparo por los hechos ocurridos en la Escuela del paraje “El Relincho”.
Fue fundamental para la determinación judicial el testimonio de Elisa Herminia Loffler, Directora Titular de la Escuela entre 2007 y 2012.
Loffler manifestó que, en dicho lapso, fue testigo de varias fumigaciones en el suelo realizadas durante el turno mañana en horario escolar.

El Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo del doctor Claudio Alberto Brun, ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones terrestres agrotóxicos a menos de un radio de mil metros del establecimiento Martín Fierro, del Paraje El Relincho, del distrito de Coronel Suárez, y a menos de dos mil metros en forma aérea, a la redonda.
La medida cautelar llegó en respuesta de un pedido de amparo efectuado por particulares en aras de que no se repitan los hechos ocurridos el pasado 12 de septiembre, cuando el propietario de un campo lindero al establecimiento fumigó sus tierras con agroquímicos en horario de clases a menos de 100 metros del edificio escolar.
Asimismo, la justicia resolvió que el ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires deberá remitir en un plazo de 48 horas –a partir del 22 de octubre- los resultados de los análisis de las muestras de agua de tanque y de perforación tomadas el día 23 de septiembre del corriente, tomadas en el establecimiento educativo, en razón de la denuncia efectuada ante la Región Sanitaria I (Departamento de Alimentos) por Emanuel Garrido, quien hasta hace algunos días era funcionario de medioambiente de Coronel Suárez.
El juzgado en cuestión entendió que la medida cautelar solicitada resultaba procedente “por cuanto resulta de aplicación el principio precautorio, de suma importancia en cuestiones de medio ambiente y derecho a la salud, dado que si bien no existe certeza aún acerca del nivel de riesgo de la fumigación con las sustancias denunciadas (los agrotóxicos 2,4-D, Dicamba y Metzulsufuron) en autos juega una perspectiva de daño grave e irreversible sobre niños y personal afectado a la escuela”.
Se consideró en primer término relevante la información sumaria aportada por los demandantes como prueba documental.
En este sentido fue fundamental el testimonio de Elisa Herminia Loffler, Directora Titular de la Escuela entre 2007 y 2012.
Loffler manifestó que, en dicho lapso, fue testigo de varias fumigaciones en el suelo realizadas durante el turno mañana en horario escolar.
La directiva, ahora jubilada, expresó que cuando se fumigaba se sentía un muy fuerte olor que penetraba en las instalaciones, y los niños entraban del patio gritando “¡Seño, el veneno, el veneno!”.
También indicó que jamás se le avisó previamente antes de la aplicación de estos pesticidas y que, a causa de la deriva de la fumigación, al día siguiente de la aplicación el pasto del patio escolar aparecía seco.
Por otra parte, Elisa Herminia Loffler señaló que durante el período consignado no se realizaron relevamientos sanitario ambientales y que el agua que se consume proviene de un pozo propio al que no se efectuaron controles sobre residuos de agroquímicos.
Por otra parte, se tomó como referencia un artículo periodístico de La Nueva –con fecha 17 de septiembre-- en el que se informó que, en el año 2011, la misma escuela ya había efectuado denuncias por un hecho de similares características.
Fuente: La Nueva.

 
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