La filial local de Donnelley desmintió hoy la acusación de Cristina Kirchner sobre una supuesta motivación política detrás de la solicitud de quiebra que le fue concedida esta semana. El empresa emitió un comunicado un día después de que la Presidente denunciara que se hizo de manera fraudulenta y anunciara que se buscará aplicar la ley antiterrorista por "atemorizar a la población" con esa medida.
En la nota, la firma sostiene que su titular, Thomas J. Quinlan, tomó la "difícil decisión" de presentar su pedido de quiebra luego de 22 años de presencia en la Argentina "luego de mucha discusión, análisis y evaluación de diferentes alternativas para mantener la operación". Y afirmó que "ajusta todas sus decisiones de negocios a las leyes aplicables vigentes de Argentina".
Al respecto, el mensaje argumentó la industria gráfica "hace tiempo ha dejado de ser un negocio rentable y la perspectiva de ventas futuras no es positiva" y que la empresa "no es solvente".
Remarcó, además, que en 2013 obtuvo un Programa de Recuperación Productiva (REPRO) que la comisión interna se negó a firmarlo, "evitando que la empresa pudiera tomar decisiones que permitieran torcer el rumbo de la situación de la empresa y empeorando aún más la situación económica y financiera ".
También arguyó que "mantuvo múltiples reuniones con los sindicatos nacionales y provinciales en busca de consenso para un Plan Preventivo de Crisis de modo de evitar la solicitud de la quiebra" y presentó sendos pedidos al Ministerio de Trabajo de la Nación y de la Provincia en el que se proponía la reducción de personal en la planta, opción que fue rechaza.
"Como consecuencia Donnelley se quedó sin opciones para enfrentar la crisis, que incluye la suba de costos por la inflación, el alza del costo laboral, el aumento de los insumos para la producción, la devaluación, la incapacidad de cumplir con los vencimientos de las deudas. Por tal motivo, de forma independiente se tomó la decisión de solicitar la quiebra", afirmó.
Fuente: Infobae.