Aquejado por la ofensiva opositora en su contra que motivó el procesamiento en la causa Ciccone, el vicepresidente Amado Boudou buscó transitar hoy desapercibido las horas que lo tuvieron a cargo del Ejecutivo por la participación de la Presidente en la cumbre de los BRICS, en Fortaleza. Lo hizo en silencio y sin que apariciones en público.
"Hoy no hay nada en la agenda y mañana tampoco figura nada", indicaron desde las oficinas de prensa del vicepresidente, ante una consulta de la agencia DyN sobre las actividades previstas o realizadas por Boudou. De hecho, ni siquiera asistió a la Casa Rosada.
El mando del Gobierno volverá en la próximas horas a manos de Cristina Kirchner, quien luego de su intervención en la cumbre realizada en Brasil emprendió el regreso al país.
Durante la jornada, el vicepresidente sumó un nuevo pedido de juicio político. En este caso, estuvo promovido por el bloque de diputados nacionales de Unión PRO y acusa "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones",
"En cumplimiento de lo que ya anunciamos el mismo día que la Comisión de Juicio Político rechazó los pedidos de juicio político a Boudou, hoy hemos presentado un nuevo juicio político", informó el macrista Pablo Tonelli. "Contrariamente a lo que sostiene el oficialismo, estamos convencidos de que es necesario esclarecer el accionar del vicepresidente y que la opinión pública conozca la verdad", agregó.
La presentación del legislador, acompañada además por su colega Carlos Brown (Bloque FE), sostiene que el funcionario "está inhabilitado para continuar en el cargo por la comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho, negociaciones incompatibles, abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público".
Por otro lado, el secretario general de la CGT opositora, Hugo Moyano, quien promoviera años atrás la postulación de Boudou a jefe de Gobierno porteño, se sumó hoy al coro de voces que exigen que se tome licencia. "Es lamentable y vergonzoso lo que está pasando", consideró y opinó que la situación causa "daño interno y externo".
En tanto, el diputado nacional del Frente para la Victoria Héctor Recalde reconoció que, "objetivamente, el procesamiento de un vicepresidente no genera una buena imagen en el exterior" para la Argentina. Pero acusó al juez federal Ariel Lijo de "deteriorar la imagen del país" al tomar esa decisión en medio de la negociación con los fondos buitres. "¿No podría haber visto el sentido de oportunidad y dictar el procesamiento el 1 de agosto pero mientras tanto, no deteriorar la imagen del país? Porque obviamente esto está usado por los fondos buitres", señaló.
En declaraciones radiales, Recalde dijo creer "en la inocencia de Boudou" porque, argumentó, "no hubo pruebas directas" sino "meros indicios".
A diferencia de otros dirigentes kirchneristas, ayer el ministro Florencio Randazzo marcó distancia y reconoció "no le hace bien al Gobierno" tener al vicepresidente procesado por corrupción.
Esta semana, Boudou tuvo una advertencia del juez Claudio Bonadío, quien si bien le concedió una prórroga para que se presente a declarar en la causa que lleva adelante contra el vicepresidente por supuesta falsificación de la documentación de un auto, le notificó que si vuelve a intentar postergar su presencia ante el magistrado pedirá el desafuero del titular de la Cámara alta.
Fuente: Infobae.