En este sentido Ariznavarreta especificó que “son viviendas que han sido construidas con un esfuerzo mancomunado del Estado Nacional y Municipal, el costo que pagan los beneficiarios es mínimo. El promedio por los terrenos ronda entre los $189 y $250 mensuales y la cuota de la vivienda no es muy distinto a este monto, por lo que en conjunto están muy por debajo de lo que es un alquiler de cualquier vivienda mínima. Por suerte muchos de los beneficiarios hacen honor al beneficio que ha significado para ellos la adjudicación de estas viviendas, son conscientes que ha quedado mucha gente afuera de esta misma posibilidad y, en función de eso, pagan regularmente la cuota y tienen las casas en muy buen estado”.
Pero también se han registrado otras situaciones, según lo cuenta el mismo funcionario municipal: “contamos con varias denuncias, hemos tomado conocimiento de muchos casos y al final de un proceso administrativo hemos desadjudicado algunas viviendas. Es porque algunos de los que fueron beneficiarios hicieron muy mal uso de las viviendas y han incurrido en causales de desadjudicación, esto tiene que ver con especular de manera onerosa con la vivienda, ya sea alquilándola o haciendo la venta de la misma, cosa que está prohibida. Hay que recordar que la finalidad de la vivienda es social, no son como las casas que se adquieren por el propio esfuerzo. Estas viviendas, hasta el día que se pague la última cuota y se escriture, están revestidas de un marco normativo especial”.
Explicó que es la gente la que ha llevado hacia el organismo denuncias de estas irregularidades. Luego de documentar debidamente, de hacer visitas a la vivienda y de comprobar cómo y por quiénes estaban siendo ocupadas, se resolvió su desadjudicación.
Esto ha sido en alrededor de 12 casos, según informó el funcionario municipal, utilizando para las nuevas adjudicaciones el listado de emergencia con que cuenta la Municipalidad.