Se los acusa de haber formado parte del plan criminal que posibilitó el genocidio de la última dictadura cívico militar, lo que representa un gran paso adelante en cuanto al juzgamiento de los miembros de la sociedad civil y de las empresas comerciales e industriales que actuaron en connivencia con el poder militar.
Como ya se ha puesto en evidencia durante los juicios realizados por las causas tituladas V Cuerpo y también "Armada / Puerto Belgrano", el medio gráfico funcionó como un apéndice del aparato represivo, reproduciendo al pie de la letra las gacetillas emanadas de los distintos comandos y agregando especies de su propia cosecha, para llevar adelante el exterminio y represión fuera de la ley de la militancia social y política en la ciudad sureña. El comnpromiso de La Nueva Provincia y de sus directivos con los crímenes llegó incluso a la siembra del terror entre sus propios trabajadores, como se verifica en el caso de los obreros gráficos Heinrich y Loyola, asesinados luego de haber recibido amenazas y advertencias por parte de la propia empresa.
Para los fiscales ha quedado también en evidencia la responsabilidad que cupo en las acciones criminales a la madre del citado Vicente Gonzalo, Diana Julio de Massot, y a uno de sus hermanos, Federico Massot, ambos fallecidos. Todos formaban parte del staff directivo de La Nueva Provincia durante la dictadura.
"Mientras en el mismo edificio funcionaba un Centro Clandestino de Detención --se lee en el documento de los fiscales-- Vicente Massot visitaba en la ESMA al represor Jacinto Chamorro. Su madre, Diana Julio, hacía lo propio en la Base Naval de Puerto Belgrano con el Jefe de Operaciones Navales Luis María Mendía, a quien también recibía en su despacho. Su otro hijo, Federico, trataba de 'cagones' a los represores navales que “no se animaban a fusilar” públicamente a los secuestrados".
El requerimiento de Nebbia y Palazzani responde a un pedido expreso formulado por el TOF que integraron los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, quienes al dictar sentencia en el primer juicio contra represores en Bahía Blanca.
Los magistrados ordenaron “extraer testimonio de las constancias respecto de las publicaciones que daba cuenta el diario La Nueva Provincia de esta ciudad y remitirla al Juzgado Federal que por turno corresponda, a fin de que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de dicho órgano de prensa”.
El Juzgado Federal que recibió la nueva causa fue el de Santiago Martínez, juez federal que a su vez delegó la investigación en la Unidad de Nebbia y Palazzani. Los fiscales se abocaron al trabajo y encontraron elementos suficientes para formular las acusaciones ante el propio magistrado, que deberá ahora decidir.
Fuente: Télam.