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Proyecto ingresado al Concejo Deliberante.
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Con la firma de los Concejales Blanca Stacco y José Ansaldo, integrantes del bloque de UDESO, y teniendo en cuenta la decisión del Cuerpo de expedirse como parte fundamental del Estado ante el inminente tratamiento de una ley sobre la despenalización del aborto y considerando que el ordenamiento jurídico vigente en nuestro País reconoce y garantiza el derecho a la vida de todos los seres humanos desde su concepción (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Art 1º; Declaración Universal de los Derechos Humanos Art 3º; Convención sobre los derechos del niño: Art 1º,6º,19º y 24º; Pacto de San José de Costa Rica: Art 1º,3º,4º y 6º, constituyendo estos Ley Suprema de la Nación en virtud del Art 31 de nuestra Constitución Nacional).
Que ninguna ley del país puede desestimar o contradecir los tratados internacionales, según la reforma Constitucional del año 1994, afirmando así, la plena vigencia del Pacto de San José de Costa Rica en el que se reconoce que desde la concepción hay vida.
Que la Constitución de la Pcia. de Bs. As en su Art 11 reconoce y garantiza todos los derechos, principios y garantías enumeradas en la Constitución Nacional, haciendo referencia específica en su Art 12 al derecho de todas las personas a la vida desde su concepción a la muerte natural sin distinciones, discriminaciones ni privilegios por razones de sexo, raza, religión, nacionalidad, lengua, ideología, opinión, enfermedades de riesgo, características físicas o cualquier otra condición amparada por las normas constitucionales.
Que la citología, embriología, genética y biología molecular modernas no dejan duda acerca de la verdad científica de que el embrión humano es un ser humano desde su concepción.
Que no tiene sustento científico la tesis pro-abortista de que el embrión (y luego el feto) es parte del cuerpo de la mujer embarazada, ya que en la concepción surge un nuevo individuo de la especie humana, un ser humano distinto del padre y de la madre, único e irrepetible, capaz de desarrollarse de un modo gradual, continuo y autónomo.
Que el embrión humano no es un ser humano en potencia, ya es un ser humano total, aunque pequeño en tamaño.
Que la supresión de una vida por nacer es un auténtico homicidio agravado por la indefensión extrema de la víctima y el vínculo del victimario.
Que el mencionado acto homicida atenta contra la vida de los ciudadanos-personas por nacer, como así también deja como víctimas a sus propias madres con el sabido trauma post aborto.
Que permitiendo dicha tragedia irreparable, el Estado al legalizarla no solo seria participe de la provocación del daño, sino que debería resignar su obligación de garantizar el bienestar de sus habitantes y no evitar esta dolorosa consecuencia.
Que la legalización del aborto supone una visión subjetivista e individualista de la libertad que la separa de la verdad y que interpreta los delitos contra la vida como legítimas aspiraciones que deben reconocerse y ser protegidas como verdaderos y propios derechos, reconociendo como titular de derechos sólo a quien es capaz de autoconciencia explicita. Esto refleja una visión “totalitaria” de la democracia como un fin absoluto y se impone la ley del más fuerte según el voto de la mayoría”
Que es deber del Estado proteger por igual a la madre y al hijo por nacer, poniendo todos los medios a su alcance para lograr el máximo bienestar de ambos, sin que el derecho de uno, menoscabe el del otro, entendiendo que no son enemigos jurídicos. Advirtiendo que el derecho a una vida digna y a construirse un futuro, o a decidir sobre su propio cuerpo, no pueden realizarse sobre la base de la pérdida del derecho a la vida de otros, mucho menos si se trata de su hijo, respecto del cual se tiene obligación de asistencia y protección.
Que en tiempos en que se habla fuertemente sobre la IGUALDAD entre las personas, debe recordarse que los derechos humanos constituyen la base indiscutible para construirla, por lo tanto si reducimos el derecho a la vida a la pura voluntad individual de las personas, el primero de los derechos ya no está asegurado, por lo que la igualdad tampoco, y sin el derecho a la vida, que es base natural e ineludible de los demás, ningún derecho tiene razón de ser ni posibilidad material de realizarse.
Que si el Hombre pierde su derecho a la vida DESDE LA CONCEPCIÓN, o bien, si se defiende el derecho de unos a elegir la posibilidad de vivir sobre otros, se atenta contra la igualdad de derechos y oportunidades, se corre el peligro de trasladar este criterio a otros ámbitos como la pena de muerte sin juicio previo, o justificar los actos de genocidio. Por lo tanto solo podrá hablarse de “libertad de algunos a decidir arbitrariamente o aun, caprichosamente, la muerte de otros”.
Que es el Estado quien debe velar por los derechos humanos de toda la comunidad, en especial de los más débiles. En este sentido cabe afirmar que no existe ser humano más indefenso que el niño por nacer, y ninguno merecería mayor cuidado que él.
Que la legalización del aborto vulnera el primero de los derechos del niño por nacer, como es el derecho a la vida, a crecer y desarrollarse en libertad. También los derechos de la madre, quien se vería seducida a tomar una trágica decisión por circunstancias psicológicas, sociales y aún económicas que la limitan.
Que el Concejo Deliberante ha declarado oportunamente a Cnel. Suárez Ciudad PRO VIDA, reconociendo que esto significa un compromiso de toda la comunidad con el valor social que representa el cuidado y respeto de la vida de todos los seres humanos, sin exclusiones.
Que este compromiso se corresponde con la obligación del Estado de ofrecer a sus ciudadanos los medios para una adecuada formación de conciencia “pro vitae, pro homine”, para asegurar así la realización personal de cada ciudadano, generando verdadera responsabilidad ante los actos y determinaciones que él mismo decida.
Por los motivos expuestos en los considerandos del proyecto de declaración Stacco y Ansaldo proponen en su parte resolutiva rechazar categóricamente bajo el lema “DIGNIDAD DE LA PERSONA POR NACER”, la promoción del aborto como alternativa de salud o de planificación familiar, como derecho individual sobre el propio cuerpo o de elección unilateral de vida de la madre gestante.
Reafirmar que debe reconocerse el inicio de la vida desde el momento mismo de concepción, según lo reza nuestra Constitución Nacional y Provincial, Código Civil y los Tratados Internacionales suscriptos y según lo ha demostrado acabadamente la ciencia médica.
Promover en nuestra ciudadanía una renovada responsabilidad de combatir la práctica de aborto mediante la formación integral de la persona a través de campañas de educación y concientización, permitiendo así una postura libre y en conciencia frente al aborto, sin coacción mediática.
Facultar al PODER EJECUTIVO bajo el lema “DIGNIDAD DE LA PERSONA POR NACER”, a realizar convenios con Instituciones Educativas Colegios, ONG, Fundaciones, etc. con el propósito de colaborar en la defensa de la vida desde la concepción, y generar una conciencia responsable ante este flagelo, con una adecuada política de salud sexual integral que tenga a la dignidad como base de todo vínculo humano.