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Se mantienen las condiciones de estado asambleario.
Maria José Lacoste y Rubén Allende analizaron los sucesos registrados en torno al conflicto comunal.
“Si éramos solo unos pocos en el hall central de la Municipalidad para que mandaron tanta Policía de choque” se preguntó el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales.
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El sábado por la mañana pidieron la palabra desde los micrófonos de nuestra emisora los dirigentes de la Mesa Directiva del Sindicato de Trabajadores Municipales, Rubén Allende y Maria José Lacoste, con la finalidad de refutar apreciaciones de la semana anterior del Secretario de Gobierno, Gustavo Di Battista, en torno a los acontecimientos registrados en el desalojo del Palacio Comunal en la noche del martes, madrugada del miércoles, por fuerza policiales.
En el transcurso de la entrevista ambos dirigentes coincidieron en destacar que de ninguna manera el tema se resuelve hoy en La Plata con el dictado de una conciliación obligatoria, porque no hay paro, los servicios se cumplen y el estado de Asamblea es una figura legal contemplada para estas condiciones.
Sobre las expectativas previas a la reunión, donde las partes se encontrarán nuevamente hoy ante las autoridades del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, señalaron que se mantendrán firmes en el reclamo votado por asamblea de los trabajadores del 40% de recomposición salarial escalonada como lo determine el Departamento Ejecutivo, dividido en 20% en el primer semestre y el resto en el segundo.
“¿Por que si el Intendente ya concedió un 40% a sus funcionarios, mas el 10% que ahora nos ofrecía a nosotros, ya nos están ganando, entonces cómo es para los que ocupan cargos políticos hay y para los trabajadores no?” se preguntó Allende, quien reiteró sus cargos contra la determinación del Intendente de convocar a la Policía de la zona a reprimir, “porque la orden para actuar violentamente partió del propio Jefe Comunal” dijo el dirigente.
Lacoste y Allende reclamaron la solidaridad y comprensión de la población, invitaron a quienes han firmado declaraciones a “informarse correctamente y observar fotos y videos y después hablar o formular consideraciones sobre imputaciones en torno a la privación ilegitima de la libertad; y si de ello están convencidos lo mejor que pueden hacer es presentarse ante la Justicia competente y como querellantes en primera persona o como instituciones que contienen a muchos de nuestros afiliados o a los profesores de la Escuela Municipal, instructores de los hijos de nuestros afiliados”.
Ambos dirigentes concluyeron señalando que “con esta acción legal desplazarían cualquier sospecha del imaginario popular, de que fueron instados a la firma de un documento sin posibilidades de negarse, como otros así lo han hecho”.