Cuando el intrincado camino de la causa por el doble crimen parecía estar definitivamente allanado hacia el juicio oral y público, previsto para fin de año, surgió una nueva traba que hace peligrar la realización del debate.
El doctor Mario Lindor Burgos, quien había sido designado para integrar, como subrogante, el Tribunal en lo Criminal Nº 3, se excusó de tomar intervención en el caso.
En la presentación, el magistrado adujo que debía apartarse de la causa que procura dilucidar los homicidios de María Victoria Chiaradía y Héctor Horacio Iglesia Braun, por haber emitido opinión en un expediente conexo al principal (relacionado con el "ponchado" de vehículos), en su rol de magistrado del Tribunal en lo Criminal Nº 1.
Explicó Burgos que, al momento de evaluar las pruebas ofrecidas por el fiscal Eduardo D'Empaire para el doble homicidio (entre otras, la incorporación de la causa anterior en la cual él suscribió el fallo), interpretó que estaría inhabilitado para votar, por considerar que existiría prejuzgamiento.
En consecuencia, y antes de definir si aceptan o no el planteo excusatorio, los restantes integrantes del tribunal conformado para este juicio, doctores Raúl Guillermo López Camelo y Alejandro Salvador Cantaro, llamaron a las partes a una audiencia, que se desarrollará mañana a las 12:30 horas.
En el marco de dicho acto, de corte informal, el fiscal, los defensores (junto con los tres imputados: Gustavo Javier Ravainera, Gustavo Enrique Aguilar y Héctor Hugo Fernández) y el representante de los particulares damnificados, tendrán que expedirse sobre la cuestión.
Luego, López Camelo y Cantaro definirán el recurso de Burgos y, de haber disidencia entre ellos, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal tendría que designar, por sorteo, un nuevo juez para desempatar.
De todas formas, trascendió que si a Burgos le rechazan la excusación, éste podría recurrir a instancias superiores, por lo que el proceso, eventualmente, sufriría una nueva demora.
Voceros allegados al caso indicaron ayer que, al menos hasta el momento, la realización del juicio oral se mantendría para noviembre venidero, aunque otras fuentes dejaron abierto el interrogante, a partir de este imprevisto incidente.

Objeciones en cadena
Con el doctor Burgos, ya son al menos seis los jueces que plantearon objeciones para intervenir en el tratamiento de la resonante causa.
En principio, se excusaron dos de los integrantes originales del Tribunal en lo Criminal Nº 3 (Daniela Fabiana Castaño y Pablo Soumoulou) por haber dictado, con anterioridad, la condena, a diez años de prisión, contra Martín Goyeneche, Juan Antonio Corona y Rubén Martín, por la instigación al robo calificado del coche que ocupaba la malograda pareja bahiense.
Entendieron que "ha existido prejuzgamiento" que "impide insalvablemente pronunciarnos sobre los hechos a debatir en un futuro juicio oral".
López Camelo no se apartó porque, en el momento de dictarse aquella sentencia, no formaba parte del cuerpo judicial, que estaba integrado entonces por el doctor Guillermo Glitz.
En lugar de Castaño y Soumoulou, sucesivamente, fueron designados Enrique José Montironi, Alejandro Salvador Cantaro y María Eloísa Errea de Watkins, pero todos se excusaron de intervenir.
Cantaro y Errea argumentaron que, en el marco de un debate por un abuso sexual en Coronel Suárez, el imputado hizo referencias concretas a la intervención de Ravainera en la ejecución del asesinato de la pareja de novios y que esa situación les impedía actuar, aunque el primero de ellos finalmente fue designado.
Montironi, por su lado, formuló un planteo similar al que ahora se realizó y, si bien fue desestimado en un primer momento, recibió una recusación de parte del abogado Luis María De Mira (defensor de Fernández), que selló su alejamiento de la causa inicial, para dar ingreso, mediante sorteo, al doctor Burgos.
Tanto Montironi como Burgos (junto con el doctor Hugo Alberto De Rosa) habían condenado, en agosto de 2004, a Goyeneche, Corona y a dos empleados del chapista suarense a distintas penas, por la adulteración de vehículos, maniobra que también iba a tener por destino el Chevrolet Corsa en el cual se movilizaban Victoria y Horacio, antes de ser ejecutados a la vera de un sendero rural suarense, en agosto de 2000.

Previsto para noviembre. A fines de abril pasado, el tribunal especialmente integrado anunció que el juicio por el doble crimen se llevará a cabo entre el 4 y el 30 de noviembre próximos, con una duración de 19 días hábiles. Además del fiscal Eduardo D'Empaire, tomarán parte el abogado Héctor Bertoncello (representante de los particulares damnificados) y los defensores Luís María De Mira (por Fernández), Sebastián Martínez (Aguilar) y
Juan José Martínez (Ravainera).