Scioli firmó el decreto que declara la emergencia agropecuaria en la Provincia de Buenos Aires.

El Gobernador bonaerense rubricó la normativa que posterga las obligaciones en el inmobiliario rural. De esta forma, se sumó a la medida adoptada por la Nación.

El Gobernador Daniel Scioli firmó ayer el decreto que declara el estado de emergencia o desastre agropecuario en la Provincia de Buenos Aires.
La medida, contenida a través de un decreto de carácter excepcional, abarca a la totalidad de los distritos de la provincia con explotaciones rurales afectadas por la sequía, por un plazo inicial de 7 meses.
Si bien en un principio se especuló que la situación de emergencia iba a abarcar entre 60 y 70 distritos, el Gobierno Bonaerense decidió cortar por lo sano y colocó a toda la superficie provincial bajo estado extraordinario a causa de la falta de lluvias. Del total de distritos, 14 partidos bonaerenses ya se encuentran bajo la calificación de desastre agropecuario, en especial en la zona sudeste de la provincia.
El Secretario de Agricultura bonaerense, Emilio Monzó, dijo que "una vez declarada la emergencia en la Provincia de Buenos Aires, el productor individualmente se presenta y puede solicitar o la emergencia, si está afectado más del 50 %, o el desastre, si está afectado más del 80 %" de su producción.
El decreto firmado este martes por Scioli contempla la posibilidad de que el actual fenómeno climático que afecta a gran parte de los productores agropecuarios se prolongue en el tiempo.
La medida, además, constituye el paso previo para que los productores puedan acogerse a los beneficios de la resolución 33/2009 del Gobierno Nacional, que contempla la prórroga por un año en el pago de determinado tributos para quienes se encuadren bajo la figura de emergencia agropecuaria.
En tanto, a los productores con pérdidas superiores al 80 % se les condonará sus compromisos fiscales tanto a nivel nacional, provincial y municipal.
El jueves próximo, Monzó explicitará ante la Mesa de Emergencia Nacional la situación de la provincia, en una continuidad de la reunión celebrada la semana pasada cuando hicieron lo propio otras provincias que ya decretaron la situación de emergencia en su territorio.
Monzó se encargó de remarca que "es el productor individual el que solicita acogerse a los beneficios, no es que se declara la emergencia y toda la provincia está bajo este régimen".
El funcionario consideró que "lo más urgente es trabajar sobre la ganadería" y explicó que "el productor primario, el que se dedica a la cría, es el que está viviendo la peor situación en este contexto de sequía y en este contexto internacional".
A su criterio la discusión en torno a las retenciones "siguen siendo una consecuencia del conflicto del año pasado, si bien es cierto que hay que observarlas, el tema principal hoy, lo más urgente es la ganadería".
No obstante, admitió que "hay que estudiar el tema del trigo, principalmente producto de la sequía que ha tenido, habría que rever porque eso sí no ha sido rentable, por la poca cosecha que tuvo no superamos los 9 millones de pesos; y en la soja habría que observar el rendimiento, pero la sequía también la ha afectado".
En los considerandos del decreto, las autoridades bonaerenses señalaron que la situación de emergencia "permitirá atenuar el impacto económico producido" en el campo y recuerda que "el dictado de normas de necesidad y urgencia, cuando medien circunstancias que así lo justifiquen, ha sido objeto de reiterado ejercicio en la práctica institucional argentina".
"La gravedad de la situación hace menester recurrir al dictado de una norma de necesidad y urgencia a fin de atender la situación planteada, sin perjuicio de la intervención de las Comisiones Locales de Emergencia Agropecuaria y la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos Aires", destacó Scioli en los fundamentos del decreto.
Quedó expresamente aclarado que la aplicación del decreto y el acceso a sus beneficios "queda supeditada a la presentación de las declaraciones juradas de Emergencia o Desastre que hagan individualmente los productores afectados".
El decreto instruye al Banco de la Provincia y a la Agencia de Recaudación (ARBA) para que adopten las medidas necesarias para la efectivización de los beneficios contemplados en el decreto.
En el caso del Bapro, durante el período de vigencia del decreto, que va del primero de enero de este año al 31 de julio próximo, se posterga el pago de las cuotas de los créditos que hayan tomado con esa entidad los productores perjudicados por la falta de agua.
Mientras que ARBA suspenderá el cobro de los tributos provinciales en los casos de productores declarados en emergencia, mientras que dejará de cobrarlos a los contribuyentes que reciban las declaración de desastre.
La medida sostiene que la "grave situación" ocasionada por la sequía "ha sido evaluada oportunamente por el servicio técnico específico del Ministerio de Asuntos Agrarios mediante información meteorológica (estadística y satelital), informantes calificados, chequeo a campo e imágenes satelitales y en la consulta sobre la magnitud de los perjuicios sufridos en la producción o capacidad de producción a Comisiones Locales de Emergencia Agropecuaria".

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