La Nueva Radio Suárez nuevamente consultó al Lic. Gabriel Nebbia para volver a hablar, como en otras oportunidades, sobre las cuestiones de inseguridad, crispación social, linchamientos, desigualdad en el marco de estas mismas problemáticas.
Consultado en torno a las medidas anunciadas por el Gobernador Daniel Scioli, destacó que “en principio la declaración de emergencia me parece que fue en un momento inadecuado y también en un contexto igual de inadecuado. La declaración de emergencia significa que administrativamente esos 600 millones de pesos van a sortear los aspectos burocráticos y administrativos. Vale decir, van a tener un manejo discrecional, se van a poder usar sin apelar a procesos licitatorios o mecanismos que avalen la transparencia del manejo de los fondos económicos. Acabamos de tener una puja salarial de 17 días con los docentes, en los que la Provincia sostenía que no había un solo centavo, y de pronto aparecen 600 millones que tendrán un uso discrecional para estas cuestiones; merece por lo menos el interrogante sobre el particular. Además tendrán destino a cuestiones represivas, no preventivas” expresó el trabajador social.
Se preguntó luego el Licenciado Nebbia, “¿qué decimos cuando hablamos de Estado ausente? ¿Necesitamos más policías? ¿Más patrulleros, más pistolas, botones antipánico, patrulleros? ¿O es un Estado ausente porque las políticas sociales no están llegando a los sectores más vulnerables? Es una mirada muy sesgada y muy unidireccional y tramposa, referida a cuestiones que finalmente tienen que ver con la represión”.
Más adelante en la nota periodística Gabriel Nebbia destacó que “otro de los anuncios fue la reincorporación de 15.000 agentes de seguridad y yo me pregunto si no sería necesario, si queremos impactar y trabajar en las causas que generan la inseguridad, que el anuncio hubiera sido la incorporación de 15.000 agentes sanitarios, educativos, profesores de gimnasia, psicólogos y trabajadores sociales en la creación de gabinetes en las escuelas. Se pudo haber pensado en la creación de centros comunitarios, de más CPA… Si ya se identificó que el problema de la Provincia de Buenos Aires está relacionado con la droga”.
En este sentido, en relación a la droga, dijo que “también me da bastante pena que siempre estamos en el menudeo o todas las acciones están dirigidas hacia el consumidor, mientras que las acciones dirigidas a los capos del narcotráfico no trascienden mucho”.
Se preguntó: “¿cómo puede ser que los CPA (Centro de Prevención de las Adicciones) estén desfinanciados?; o cómo puede ser que el Sedronar no tenga más comunidades terapéuticas y las personas que están interesadas en tratar su consumo tengan que trasladarse 200 kms. o más y esperar cinco o seis meses para poder ingresar a curarse, mientras que el CPA local hace malabares para poder conseguir un lugar”.
Calificó a estas medidas como “absolutamente electoralistas. No van a tener ningún impacto en las causas que generan la situación de inseguridad. Las políticas deben ser de Estado y a largo plazo. Que la niñez tenga garantizado el acceso a la salud y a la educación, el derecho al trabajo y a una vivienda digna. Hay que planear políticas de Estado que se puedan sostener en el tiempo y que a lo largo de los años pueda tener un impacto visible en las poblaciones más marginales, que son en las que se dan mayores índices de vulnerabilidad social”.
Como titular del Patronato de Liberados planteó una cruda realidad: “si no invertimos en las políticas públicas no habrá cárceles que puedan soportar la cantidad de gente que va a ir. Por otra parte, si dentro de las cárceles no se hace el trabajo de resocialización que se debe hacer no habrá solución a esta problemática de delito. Las poblaciones carcelarias son jóvenes, atravesados por problemas de droga, que ingresaron muy jóvenes, sin oficio, más del 70 por ciento sin sus estudios terminados. Cuando salen tienen 27, 30 años, sin sus estudios terminados, sin oficios, sin experiencia laboral y con el estigma de salir de una cárcel; en esas condiciones ¿quién les va a dar trabajo? Entonces el Estado tiene que asumir esta responsabilidad de cumplir con lo que la misma ley dice en cuanto a la reinserción y resocialización”.
En el final de la entrevista con el Equipo Periodístico de La Nueva Radio Suárez, consultado sobre los linchamientos, dijo que “son absolutamente actos delictuales y nosotros no podemos combatir una situación de delito o una sospecha de delito con otro delito mucho peor y de mayor gravedad. Tenemos que aprender que vivimos en un estado de derecho, en un estado democrático y la solución a los problemas deben pasar por medidas democráticas. Si no volvemos a una etapa primitiva”.