La denuncia fue realizada hace más de un año en la Dirección de Medio Ambiente suarense y todavía se está esperando una respuesta: los alumnos y docentes que concurren a las 23 escuelas rurales del Distrito de Coronel Suárez son pulverizados por agroquímicos en forma directa, en horario de clases, por vehículos fumigadores que no respetan una zona buffer o de protección.
De hecho, según un documento acompañado por imágenes, en algunos casos la distancia de seguridad entre la aplicación de los pesticidas y los juegos que los alumnos utilizan en el patio es de cero metros.
Entre otras graves irregularidades, a través de distintos relevamientos, se detectó también que más del 90% de los establecimientos educativos rurales de Coronel Suárez se encuentra totalmente expuesto a las derivas (residuos de pesticidas) y otros tipos de contaminación devenidos de las aplicaciones de agrotóxicos en campos linderos.
Emanuel Garrido, titular de la Dirección de Medio Ambiente que relevó la zona en conflicto, se mostró decepcionado respecto a los escasos resultados en materia de toma de decisiones y de acciones concretas que arrojó la investigación.
“Nunca pensé que el camino iba a ser tan largo y con tan pocos frutos”, dijo el funcionario.
“Hace un año envié el informe a, por lo menos, unas 20 autoridades del Distrito y a otras tantas autoridades provinciales y nacionales, sin respuesta alguna”, dijo.
Por otro lado, aseguró, la Comuna –a través de su asesor letrado-- solicitó la firma de un convenio con la autoridad de aplicación de la Ley de Agroquímicos dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios, a fin de obtener un permiso para ejercer poder de policía, sin obtener respuestas.
El funcionario apuntó que la problemática es tan compleja que a menudo, por desinformación o por la existencia de intereses, es negada por los propios actores y/o afectados.
“Algunos directivos de las escuelas han llamado a la Dirección de Medio Ambiente enojados porque en el informe se mencionaba a su establecimiento y hasta negando las aplicaciones que se llevaban a cabo en cercanías del lugar, aún cuando teníamos el detalle de las aplicaciones y hasta la grabación de los chicos contando lo que habían visto”, manifestó Garrido a este medio.
En el documento se mencionó la inoperancia de los organismos de fiscalización y la falta de datos epidemiológicos específicos y de competencia para integrar y educar a los sectores o áreas de Salud, Educación, Ambiente y Producción que elaboran y llevan adelante las políticas de Estado.
“Se expone a la población civil a un gran laboratorio de puertas abiertas, donde no existe estimación ni control posible en cuanto a los componentes y principios activos que ingresan a este y ejercen presiones, afecciones y sinergias sobre los cobayos civiles”, se denunció.
“Aun si se lograse llevar a cabo los controles que las leyes establecen, estaríamos a grandes distancias de lo que los principios de prevención y precaución nos indican”, se destacó en el informe.
En los casos más preocupantes del Distrito se registraron cultivos que utilizan los métodos de aplicación de agrotóxicos durante horario y ciclo lectivo, sin aviso previo ni otro tipo de formalidad que permita resguardar a los alumnos y al personal.
Fuente La Nueva.